El tribunal ratificó las penas contra Isabel, Alberto y Franco Cristo por captar, someter y explotar a una joven de 13 años en Neuquén, Santa Fe y San Juan.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a diez años de prisión contra Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco Cristo, acusados de captar y someter a una adolescente de 13 años en un caso de trata de personas. El fallo ratificó también la reparación económica de 75 millones de pesos establecida a favor de la víctima.
Según la investigación, la joven fue captada en Neuquén mediante el pago de 825 mil pesos a sus padres. Entre marzo y abril de 2022, fue obligada a casarse con Franco Cristo, quien tenía 20 años, bajo los ritos de la comunidad gitana. Posteriormente, fue trasladada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024.
Durante ese período, la Justicia acreditó que la adolescente fue sometida a explotación laboral y doméstica, además de sufrir agresiones físicas y amenazas. Según el expediente, la joven debía realizar venta ambulante y tareas del hogar, y el dinero obtenido debía ser entregado a los acusados. En caso de no cumplir, era amenazada con quedarse sin comida y sin recursos.
La víctima relató haber sido golpeada, insultada y amenazada, y sufrió quemaduras provocadas con cigarrillos y agua caliente. Estos hechos fueron considerados por los jueces como parte del contexto de sometimiento.
En diciembre de 2024, la joven regresó a San Juan junto a Franco Cristo y el hijo que ambos tenían, y comenzó a vivir con su familia de origen. Sin embargo, en abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a San Juan y, según se acreditó, aprovecharon un momento de distracción para obligar a la adolescente a subir a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.
La joven intentó escapar cuando el vehículo se detuvo en Caucete, pero Isabel Cristo la alcanzó y la obligó a subir otra vez. El episodio fue advertido por una persona en una estación de servicio, quien llamó al 911. Las cámaras del sistema de emergencias registraron la situación, y efectivos de la Unidad Rural N° 1 detuvieron el vehículo y rescataron a la adolescente y a su hijo.
En mayo, el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a los tres acusados a diez años de prisión y fijó una reparación económica de 75 millones de pesos. La defensa apeló, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las penas al considerar que existían elementos suficientes para respaldar el relato de la víctima.
Entre las pruebas valoradas se encuentran la declaración de la víctima mediante Cámara Gesell, testimonios de profesionales, el llamado al 911 y registros oficiales. El juez Daniel Petrone, en su voto, se refirió al matrimonio celebrado entre la adolescente y Franco Cristo como un “matrimonio infantil y forzoso”, y sostuvo que, debido a la edad y vulnerabilidad de la víctima, no podía considerarse un consentimiento válido.
La defensa planteó que las conductas se enmarcaban en prácticas y costumbres de la comunidad gitana, pero la Justicia rechazó ese argumento. Petrone afirmó que la pertenencia cultural “no constituye fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.