La acción judicial contra YPF por los pasivos ambientales en Comodoro Rivadavia permanece en una disputa de competencia. Los demandantes realizaron una conferencia de prensa para ampliar el respaldo comunitario mientras esperan que la Cámara Federal defina el juez que intervendrá.
La demanda ambiental presentada contra YPF para cuestionar el acuerdo firmado con la provincia del Chubut en el marco de la salida de la empresa de los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge no registró avances sobre el fondo. El expediente se encuentra en una discusión previa: el juez federal de Rawson se declaró incompetente y los demandantes apelaron la decisión ante la Cámara Federal.
Mientras esperan una definición judicial, los abogados que impulsan la acción realizaron este miércoles una conferencia de prensa en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de ampliar el respaldo social a la presentación. Según explicó el abogado Eduardo Hualpa en diálogo con Actualidad 2.0, la convocatoria reunió a vecinos interesados en acompañar la iniciativa, aunque no necesariamente como parte formal del expediente.
“Lo importante y realmente llamativo de la fecha, la novedad del caso, es el acompañamiento social que ha demostrado esta demanda”, sostuvo Hualpa. Agregó que la intención es que ese respaldo pueda convertirse en “una mesa donde se nucleen distintas acciones” para difundir el reclamo y amplificar las voces de quienes cuestionan el acuerdo.
La presentación judicial es encabezada por el docente universitario Jorge Espíndola y cuenta con la participación de abogados de Comodoro Rivadavia, de otros puntos de Chubut y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, cuyo presidente, Enrique Viale, figura entre los firmantes. La parte técnica de la demanda fue encabezada por el abogado comodorense Raúl Heredia.
El planteo: anular el acuerdo y obligar a YPF a remediar
El objetivo de fondo de la acción es obtener la nulidad del acuerdo suscripto entre YPF y la provincia, mediante el cual se estableció una compensación de 25 millones de dólares y la transferencia de determinados bienes, en el marco de la desvinculación de la petrolera de áreas históricas de Comodoro Rivadavia.
Los demandantes cuestionan que ese entendimiento implique un cierre de las responsabilidades ambientales de YPF y sostienen que la empresa debería responder por las tareas necesarias para reparar los pasivos generados durante décadas de explotación.
“Nosotros pedimos la anulación del acuerdo y que YPF tenga que responder por todas las acciones vinculadas con el restablecimiento del ambiente en la zona, en las zonas por lo menos de los yacimientos de los que estamos hablando”, explicó Hualpa.
La discusión, según plantean, no debería limitarse al cierre o abandono individual de pozos. El reclamo apunta a una planificación integral para la restauración de las áreas afectadas.
“Eso requiere participación de la comunidad, requiere planificación de una serie de obras, una remediación, una restauración integral; no cerrar un pozo, sino pensar con la comunidad qué hace falta para que se remedien estos pasivos”, sostuvo el abogado.
La demanda todavía no llegó a YPF
La discusión judicial aún no ingresó en la etapa de fondo. La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Rawson, pero su titular se declaró incompetente para intervenir.
La resolución cuestionada sostiene, según Hualpa, dos aspectos: por un lado, que la causa no debería tramitar ante la Justicia Federal y, por otro, que, aun si correspondiera ese fuero, el expediente debería radicarse en Comodoro Rivadavia y no en Rawson.
Los abogados apelaron esa decisión y el planteo está bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones. “Estamos simplemente en la previa peleando para ver quién es el juez que va a entender en el caso”, resumió Hualpa, quien confirmó que hasta el momento la demanda no fue trasladada a YPF, por lo que la empresa no presentó una respuesta sobre el fondo de la cuestión.
Los demandantes esperan que la Cámara resuelva en los próximos días. Recién a partir de esa definición podría retomarse el trámite de la medida cautelar y avanzar eventualmente con el traslado de la demanda.
La medida cautelar y la estimación de costos
La acción incluye además un pedido de medida cautelar. Aunque uno de sus posibles efectos estaría vinculado con el acuerdo económico alcanzado entre la provincia e YPF, Hualpa remarcó que el punto central del planteo urgente está puesto en la cuestión ambiental.
“También incluye eso, pero fundamentalmente lo más importante aquí son las tareas de remediación o de restauración”, aclaró.
En la demanda, los abogados incorporaron una estimación sobre los recursos que podría demandar un proceso de saneamiento acorde con la magnitud de los pasivos existentes. La cifra mencionada ronda, como cálculo ilustrativo, los 700 millones de dólares como piso, muy por encima de los 25 millones de dólares contemplados en el acuerdo.
Hualpa aclaró que esa estimación no pretende fijar judicialmente el costo definitivo de una eventual remediación, sino mostrar la diferencia de magnitudes y cuestionar que ese cálculo no haya sido realizado con participación de los sectores afectados.
“Eso es simplemente a los efectos de ilustrar lo insuficiente de esos montos y que ese cálculo no ha sido realizado con participación de los afectados”, explicó.
La definición sobre la competencia será el primer paso a resolver. Hasta que la Cámara determine qué juez deberá intervenir, la discusión sobre la validez del acuerdo, la medida cautelar y la eventual responsabilidad de YPF por la restauración ambiental seguirá sin ingresar formalmente al tratamiento de fondo.