El Ministerio Público Fiscal acusa a un condenado a cinco años de prisión por presentar documentación falsa en una audiencia de cómputo de pena para obtener una reducción por estímulo educativo. El debate se desarrolla en los tribunales de Trelew.
En la sala de oficina judicial del tercer piso de los tribunales de Trelew se desarrolla un juicio oral. El fiscal general Aldo Nizetich representa al Ministerio Público Fiscal en la acusación contra J.C.M., quien se encontraba condenado a cinco años de prisión y habría intentado reducir su pena mediante la presentación de certificaciones de dudosa procedencia.
Según la acusación, el 24 de abril de 2024 se realizó la audiencia de cómputo de pena en el marco de un incidente de ejecución, con intervención del juez de ejecución Gustavo Castro. En esa instancia, J.C.M., presente en calidad de condenado, pretendió que se le aplicara la reducción por estímulo educativo contemplada en el artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660. Para ello, a través de su abogado defensor, presentó como prueba diversas certificaciones a su nombre, con conocimiento de que se trataba de documentación falsa, con el propósito de obtener una reducción de 16 meses en su condena.
La documentación incluye una diplomatura en educación física, deporte y recreación (630 horas), una diplomatura en gestión y organización de eventos (630 horas), un curso de instalador electricista habilitado categoría III (160 horas) y un curso de mecánica básica del automotor, expedidos por la Universidad Nacional de Córdoba. También se presentaron cursos sobre prevención del embarazo en la adolescencia (150 horas), prevención del suicidio adolescente (150 horas) y prevención de obesidad en niños, niñas y adolescentes (150 horas), expedidos por la Sociedad Argentina de Pediatría.
El Ministerio Público Fiscal considera probada la materialidad del hecho y atribuye la autoría responsable a J.C.M. Las constancias del legajo indican que el 27 de marzo de 2024, el doctor Martín Castro, abogado defensor particular, presentó un escrito ante la oficina judicial de Trelew en el que informó que su asistido había sido condenado a cinco años de prisión por sentencia de noviembre de 2022, firme a esa fecha, y solicitó el cómputo de pena.
La defensa planteó una cuestión previa para rechazar la calificación de la fiscalía, pero la jueza Mirta Moreno coincidió con el fiscal general en cuanto a la extemporaneidad del pedido, dado que la audiencia preliminar de elevación a juicio ya se había realizado sin observaciones. El juicio oral se lleva adelante por el delito de uso de documento público falso en carácter de autor (artículos 296 y 45 del Código Penal). En caso de ser hallado culpable, se solicitará una pena que no excederá los seis años de prisión, con declaración de reincidencia.