La diputada nacional Marcela Pagano (Coherencia) presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei por presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos, vinculados a transferencias a provincias durante votaciones clave.
La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra funcionarios del Gobierno de Javier Milei por presuntos delitos de administración fraudulenta, cohecho y malversación de caudales públicos. La legisladora aseguró que gobernadores aliados habrían recibido fondos a cambio de acompañar con sus legisladores distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo.
“Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima”, sostuvo Pagano, quien afirmó que los recursos utilizados para esas transferencias provendrían del impuesto a los combustibles, cuya recaudación tiene un destino específico relacionado con la infraestructura vial.
La diputada también difundió un detalle de los montos y las operaciones que, según su denuncia, estarían vinculados con las provincias cuyos legisladores respaldaron proyectos promovidos por la administración libertaria.
“Los días de votación se liberan 3,44 veces más pagos que el resto del mes. No es casual: presionan hasta último momento a los gobernadores y, después de la votación, les liberan los fondos cuyo destino es incierto”, afirmó Pagano en una extensa publicación en redes sociales.
Según los datos difundidos por la legisladora, se habrían registrado transferencias por 11.987 millones de pesos vinculadas al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; 13.493 millones al gobernador de Misiones, Carlos Rovira; 2.322 millones al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; 2.104 millones al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; y 1.787 millones al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
Pagano sostuvo que existe una relación entre el momento en que se efectuaron esas transferencias y el comportamiento de los legisladores de las respectivas provincias en el Congreso. “No pagan asfalto: pagan manos levantadas”, afirmó, en referencia a la presunta utilización de fondos destinados a infraestructura vial para obtener respaldo político.
La diputada acompañó su presentación con una denominada “lista de precios” de distintas iniciativas legislativas. De acuerdo con sus cálculos, la reforma laboral habría sido acompañada por transferencias por 17.139 millones de pesos, realizadas entre el 11 y el 13 de febrero. En tanto, la denominada Ley de Glaciares habría estado precedida por pagos por 12.551 millones de pesos entre el 8 y el 10 de abril.
Asimismo, Pagano vinculó transferencias por 14.096 millones de pesos, efectuadas entre el 19 y el 21 de mayo, con la aprobación de los proyectos conocidos como Hojarasca y zonas frías, que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.
Las acusaciones formuladas por Pagano deberán ser investigadas por la Justicia, que deberá determinar si existió una relación ilícita entre las transferencias de fondos nacionales a las provincias y el respaldo parlamentario a las iniciativas del Gobierno.