Un grupo de socios de la Cooperativa 127 Hectáreas reclama desde octubre de 2024 el acceso a la documentación oficial de las últimas 38 adjudicaciones de viviendas, sin obtener respuesta satisfactoria. El conflicto incluye denuncias sobre un presunto convenio con un gremio y declaraciones de funcionarios provinciales que niegan injerencia.
Un grupo de socios de la Cooperativa 127 Hectáreas reclama desde hace más de un año que se transparente el criterio con el que se entregaron 38 dúplex en octubre de 2023. Hasta el momento no obtuvieron una respuesta satisfactoria, y en el transcurso del reclamo surgieron denuncias sobre un presunto convenio que beneficiaría a un gremio por sobre otro, además de declaraciones de funcionarios provinciales que negaron tener injerencia en el conflicto.
El planteo de los socios cobró mayor relevancia luego de que Jorge Salas, titular de la cooperativa, hablara en un programa de televisión sobre las versiones que lo vinculan con haber beneficiado a familiares en la adjudicación de viviendas. Salas reconoció que efectivamente les entregó unidades, aunque enmarcó ese reconocimiento en que no dejó a ningún pariente sin acceso a una vivienda. Es decir, no negó el hecho, sino que lo defendió como una decisión que no excluyó a nadie de su entorno.
Es justamente esa falta de transparencia sobre el criterio de adjudicación —a quién, por qué y con qué prioridad se entregan las viviendas— lo que los socios reclamantes vienen denunciando desde 2024, sin haber podido acceder todavía a la lista oficial de beneficiarios que permitiría cotejar cuántos de esos familiares figuran entre los adjudicatarios.
Un reclamo formal iniciado en octubre de 2024
El planteo se formalizó el 10 de octubre de 2024, cuando cuatro socios activos de la cooperativa —con entre 8 y 15 años de antigüedad y al día con sus pagos— presentaron un pedido ante la Dirección General de Cooperativas y Mutuales, dependiente de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas y, en última instancia, del Ministerio de Gobierno que conduce Jorge Tobares.
Los socios solicitaron copias de la documentación vinculada a las últimas 38 adjudicaciones de dúplex del barrio Sirena Unificada I y II, entregadas el 23 de octubre de 2023: la norma legal de esas adjudicaciones, la publicación oficial con los nombres de los adjudicatarios, el último balance anual de la cooperativa y un informe sobre el estado de las obras del barrio. Denunciaron que la cooperativa no respetó el orden de prelación que debería regir estas adjudicaciones —antigüedad, cumplimiento de obligaciones y situaciones de vulnerabilidad extrema— pese a acreditar ellos mismos esos requisitos desde hacía años. Señalaron además que sus reclamos anteriores, presentados por carta documento, habían sido respondidos «de forma evasiva y general», algo que a su criterio contraviene los principios cooperativos establecidos en la Ley 20.337.
La respuesta de la cooperativa: la responsabilidad recae en el IPVU
Casi un mes después, el 4 de noviembre de 2024, la secretaria de la cooperativa, Roxana Huincamán, respondió el planteo ante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas. Reconoció que los reclamantes se encontraban al día con sus obligaciones sociales y compromisos de infraestructura, lo que les otorgaba el derecho de participar en la Asamblea General y acceder allí a información sobre el avance de las obras.
El punto central de la respuesta, sin embargo, apuntó en otra dirección: la cooperativa sostuvo que la documentación legal de las 38 adjudicaciones queda en resguardo del IPVU y ADUS, por ser el organismo de gobierno provincial que formaliza las adjudicaciones, y remitió a los reclamantes a esa dependencia para obtener la información solicitada. Aclaró además, de forma expresa, que la cooperativa no le vendió un inmueble de manera directa a los reclamantes.
Respecto de la publicación oficial de los adjudicatarios de esas 38 viviendas, la cooperativa informó que recién se concretaría cuando se efectivizara la entrega de las viviendas pactadas para noviembre y diciembre de 2024, es decir, más de un año después de que esas unidades ya estuvieran en manos de sus destinatarios. La respuesta incluyó además dos datos sobre el estado de la obra: según los últimos aportes del IPVU, la cooperativa estimaba que unas 80 unidades habitacionales podrían entregarse en los meses siguientes, y ya se había iniciado una segunda etapa de 192 viviendas, con expectativa de entrega para 2025. El expediente se cerró administrativamente el 12 de noviembre de 2024, cuando la directora de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas, María Eugenia Aichino, remitió esa respuesta a las abogadas de los socios reclamantes.
La versión de los damnificados
Los socios reclamantes reconstruyeron ante este medio el origen del conflicto. Según relataron, en 2024 enviaron una carta documento a la Comisión Directiva de la cooperativa para consultar por la entrega de los dúplex realizada en 2023, ya que no existía un listado público ni claridad sobre el criterio utilizado para definir a los beneficiarios. «De repente un día se entregaron y no supimos más nada», señalaron.
Los damnificados destacaron un punto de la nota de Huincamán: sostienen que allí la cooperativa también consignó que el IPVU había entregado fondos para construir 80 viviendas adicionales, anunciadas para «los próximos meses», una entrega que, según su testimonio, nunca se concretó.
Una respuesta oficial que, según los socios, se contradice
El contrapunto se profundizó en 2025, cuando al insistir con el reclamo los socios se reunieron con el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el subsecretario Juan Grandi. Según su versión, ambos funcionarios les repitieron que se trataba de «un asunto de particulares» y que ni el IPVU ni el gobierno provincial tenían injerencia en el conflicto. Para los reclamantes, esa respuesta contradice de manera directa lo que la propia cooperativa había puesto por escrito un año antes, cuando le atribuyó al IPVU-ADUS el control sobre las adjudicaciones y el financiamiento de las nuevas unidades.
En sus declaraciones, los socios sostuvieron que la nota de Huincamán, al acreditar que el IPVU-ADUS tenía injerencia en las adjudicaciones, demostraría también que el organismo provincial y el gobierno estaban al tanto de que se le entregaría vivienda a familiares de Jorge Salas, algo que el propio Salas reconoció en su descargo televisivo. Cabe aclarar que, si bien el hecho de que Salas benefició a familiares está confirmado por sus propias declaraciones, la afirmación de que el IPVU-ADUS o el gobierno provincial tenían conocimiento previo de esas adjudicaciones puntuales continúa siendo una interpretación de los damnificados a partir de la nota de Huincamán, y no una prueba directa; corresponde tratarla como denuncia y no como hecho confirmado.
Los socios precisaron además su situación particular: afirman que la mayoría cuenta con empleo fijo y formación profesional, que muchos ingresaron a la cooperativa derivados por el propio IPVU —que enviaba a los interesados a anotarse en cooperativas de vivienda— y que estuvieron siempre al día con los pagos correspondientes a convenio, paredones, adendas, infraestructura y movimiento de suelo, entre otros conceptos.
El testimonio de Nancy Estévez
Una de las damnificadas, Nancy Estévez, habló con este medio y puso nombre y trayectoria al reclamo. Está anotada en la cooperativa desde 2009 y asegura haber pagado en tiempo y forma cada uno de los conceptos que se le fueron requiriendo: paredones, adenda y cordón cuneta, entre otros. Según su relato, originalmente le correspondía estar entre los adjudicatarios del barrio La Sirena —donde se entregaron las primeras 38 viviendas—, pero terminó reubicada en el desarrollo Sirena Unificada.
«Son todos dichos, vas a un lado y te dicen una cosa y después otra. La solución habitacional no la tenemos», resumió Estévez sobre el trato recibido tanto por parte de la cooperativa como de los organismos consultados. La socia denunció además un trato desigual en el orden de prioridad: sostuvo que la conducción de la cooperativa habría firmado un convenio con ATE que otorgaría prioridad a ese gremio por sobre otros grupos de socios, y contrastó el caso con el de ATEN, que —según su versión— cuenta con un convenio desde 2018, nueve años posterior a su propia inscripción en 2009. «La idea es tocar todo, para lograr el objetivo que es la vivienda», cuestionó.
Estévez describió también su situación habitacional actual: alquila una vivienda de dos habitaciones y afronta aumentos cada tres meses. «Lo puedo sostener, pero no sé hasta cuándo», planteó. Retirada de la Policía, complementa su jubilación con otro trabajo para poder pagar el alquiler y sostener sus gastos cotidianos.
Con información de LMNeuquén.