La primera audiencia de conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Chubut, en el marco del conflicto por los despidos de 39 trabajadores en Conarpesa, concluyó sin avances. La empresa estuvo representada solo por un abogado que presentó un escrito y se retiró.
Puerto Madryn, Chubut. La primera audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Secretaría de Trabajo de Chubut en el conflicto entre el Grupo Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) finalizó sin acuerdo este miércoles. La reunión se realizó en Puerto Madryn y contó con la asistencia de un abogado en representación de la empresa, quien presentó un escrito y se retiró sin participar en la negociación.
La conciliación obligatoria había sido dispuesta por un plazo de 15 días tras el despido con causa de 39 empleados, a quienes la empresa responsabiliza por incidentes ocurridos durante una protesta el 15 de julio en la planta del Parque Industrial Pesquero.
En el escrito presentado, firmado por Luis Novoa, la empresa sostuvo que «la sociedad Conarpesa no tiene ningún tipo de conflicto con su personal». Desde el STIA señalaron que los trabajadores despedidos pertenecen formalmente a Agropez, empresa del mismo grupo económico, aunque desempeñan tareas en la planta de Conarpesa en Puerto Madryn.
El secretario general del gremio, Luis Núñez, afirmó que la conciliación obligatoria implica retrotraer el conflicto al estado previo a los despidos, por lo que los empleados deberían haber sido reincorporados. «Al retrotraerse la medida, esos trabajadores tendrían que haber sido incorporados. Hoy están en la calle», declaró. Núñez también rechazó la versión empresarial sobre los hechos de la protesta y afirmó que existen registros audiovisuales que demostrarían que no hubo agresiones ni daños. «Hay grabaciones donde no hubo agresiones ni roturas de nada. La empresa va a tener que probar lo que sostiene», expresó.
Según el sindicato, los despedidos son trabajadores efectivos discontinuos, algunos con hasta 17 años de antigüedad, que debían ser convocados al inicio de la temporada pesquera. Núñez indicó que el reclamo original alcanzaba a 85 empleados y que los despidos constituyen una maniobra para disciplinar al personal. «Nosotros vamos a seguir reclamando que se cumpla la ley y los acuerdos firmados», afirmó.
Mientras tanto, Conarpesa mantiene firme su decisión de sostener las cesantías. La empresa amplió la denuncia penal iniciada por la ocupación de sus oficinas administrativas y presentó nuevas pruebas ante el Ministerio Público Fiscal, incluyendo filmaciones, una nómina de los trabajadores desvinculados y el ofrecimiento de testimonios de personal jerárquico y administrativo.