El Gobierno provincial publicó el Decreto 662/26 en el Boletín Oficial y formalizó la reversión total del área hidrocarburífera a manos del Estado rionegrino.
El Gobierno de Río Negro oficializó la vuelta del área hidrocarburífera Cerro Manrique a la administración provincial. Lo hizo a través del Decreto 662/26, difundido este 16 de julio en el Boletín Oficial 6508, que formaliza la reversión del 100% del bloque al Estado provincial. La devolución fue solicitada por YPF tras el vencimiento del segundo período exploratorio, ocurrido el 21 de septiembre de 2024.
Según el expediente, la petrolera cumplió y superó el compromiso de inversión fijado para la segunda etapa exploratoria. YPF debía acreditar 820 Unidades de Trabajo mediante la perforación de un pozo exploratorio y finalmente certificó 1.021,69 unidades, es decir, 201,69 más que las exigidas.
La evaluación de la Secretaría de Hidrocarburos comprendió los resultados obtenidos con dos pozos exploratorios. La empresa presentó el informe técnico final y acreditó los libres deuda correspondientes a regalías, canon de superficie, aporte complementario y compromisos de capacitación. También obtuvo la aprobación de la Auditoría Ambiental exigida para completar el procedimiento.
El vínculo entre YPF y el bloque se había iniciado en 2018. La compañía resultó adjudicataria del permiso de exploración mediante el Decreto 644/18, luego de una licitación pública nacional e internacional. El contrato contemplaba en su origen inversiones superiores a los USD 22,2 millones.
Durante el segundo período exploratorio, la operadora avanzó con el pozo BdC.x-1, destinado a evaluar reservorios convencionales y tight. Esa perforación representó una inversión estimada por encima de los USD 6 millones y permitió sumar información sobre el potencial del área.
Con el Decreto 662/26, Cerro Manrique queda nuevamente bajo administración provincial. El Ejecutivo enmarcó la medida en una gestión de recursos basada en controles técnicos y ambientales y en el seguimiento de los compromisos asumidos por las empresas. El futuro del bloque —una nueva licitación, su integración a otro proceso o su permanencia en cartera— dependerá ahora de las definiciones que adopte el Estado provincial.