La Fiscalía formalizó una investigación penal contra una funcionaria de la Municipalidad de Trevelin y un ingeniero por la presunta emisión de documentación pública con información que no coincidiría con la situación real de un loteo en esa localidad.
La Fiscalía formalizó una investigación penal contra una funcionaria de la Municipalidad de Trevelin y un ingeniero por la presunta emisión de documentación pública con información que no coincidiría con la situación real de un loteo ubicado en esa localidad.
La audiencia fue realizada de manera oral y pública, donde la fiscal María Bottini, junto al funcionario Julián Forti, presentó la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y explicó los hechos que dieron origen al expediente.
Según la acusación, el 21 de agosto de 2025 una funcionaria que se desempeña como Maestra Mayor de Obras en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin habría emitido un certificado oficial relacionado con un lote del loteo “Los Ciervos 3”.
De acuerdo con la Fiscalía, el documento indicaba que el lugar contaba con redes de electricidad y agua potable, en cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa vigente.
La investigación sostiene que la información incluida en ese certificado no se correspondía con las condiciones existentes en el terreno y que la funcionaria habría firmado el documento sin realizar la constatación requerida.
La situación fue revisada luego de reclamos realizados por vecinos del sector. A partir de esas presentaciones, el 4 de septiembre de 2025 se llevó adelante una inspección presencial en el loteo para verificar el estado de los servicios. Al día siguiente, el 5 de septiembre, la funcionaria emitió un nuevo documento mediante el cual dejó sin efecto el certificado original.
Según la explicación incorporada al expediente, la documentación que había presentado previamente el ingeniero también imputado, donde se afirmaba que la red de agua se encontraba en condiciones, «no se condecía con la realidad» observada en el lugar.
Durante la audiencia, la Fiscalía encuadró provisoriamente los hechos investigados en dos figuras previstas por el Código Penal. A la funcionaria municipal se le atribuye una posible falsedad ideológica de documento público, por presuntamente haber incorporado datos falsos en un certificado oficial mientras ejercía una función estatal. En tanto, al ingeniero se le imputó una posible falsedad documental vinculada con la documentación técnica presentada, en carácter de autor según los artículos 45 y 292 del Código Penal.
La formalización de la investigación abre una nueva etapa del proceso, en la que el Ministerio Público Fiscal y la defensa deberán reunir elementos para avanzar en la definición de las responsabilidades que correspondan.
Durante la audiencia, la defensa de la funcionaria municipal rechazó la acusación y adelantó que buscará demostrar que no existió una conducta intencional. La representante legal sostuvo que su asistida no actuó con dolo, es decir, que no tuvo la voluntad de cometer un delito ni de generar un perjuicio mediante la documentación emitida.
La causa continuará ahora con la etapa de investigación, durante la cual se incorporarán pruebas y se definirán los próximos pasos judiciales.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR