El documento presentado por la camarista Nieto concluye que el organismo cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para funcionar, pero advierte una serie de problemas de gestión y de articulación.
El Superior Tribunal de Justicia dio por finalizada la intervención sobre el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia luego de que la presidenta de la Cámara de Apelaciones, María Marta Nieto, presentara el informe final de auditoría. El documento concluye que el organismo cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para funcionar, pero advierte una serie de problemas de gestión y articulación que afectan la rapidez y eficiencia de las intervenciones.
La auditoría fue realizada tras la muerte de Ángel, el nene de 4 años que falleció poco después de que se le entregara la guarda a su mamá, Mariela Altamirano, acusada de homicidio junto a su pareja. El informe comprendió un análisis integral del funcionamiento del ETI, que asiste a los juzgados de Familia en causas vinculadas a niños, adolescentes, violencia familiar y personas en situación de vulnerabilidad.
Una de las afirmaciones principales es que las dificultades detectadas no responden a falta de presupuesto, infraestructura o personal. Por el contrario, el informe sostiene que en los últimos tres años el organismo fortaleció sus recursos con vehículos oficiales, dispositivos móviles para las guardias y conectividad, por lo que las deficiencias observadas son de carácter procedimental.
«Las desregulaciones operativas no configuran un cuadro que justifique un funcionamiento deficitario, sino un desajuste procedimental y de articulación forense», concluye el documento.
Actualmente el ETI está integrado por ocho trabajadoras sociales, ocho psicólogas y un administrativo. Además, recibe en promedio unas 130 solicitudes mensuales provenientes del Fuero de Familia, que implican entrevistas en sede, visitas domiciliarias, intervenciones telefónicas y virtuales, elaboración de informes, asistencia a audiencias y participación en juntas interdisciplinarias.
El informe revela que los tiempos de intervención oscilan entre los 22 y los 161 días, dependiendo de la complejidad de cada caso.
El principal problema: uno de cada tres turnos se pierde
Entre los denominados «nudos críticos», la auditoría pone el foco en el elevado ausentismo de las personas citadas a entrevistas. Según el relevamiento, el 35,26% de los turnos otorgados no se concreta. En números, fueron 189 entrevistas perdidas sobre un total de 536 programadas.
Para la magistrada, esta situación genera un importante desgaste operativo, ya que los profesionales destinan tiempo y recursos a citas que finalmente no se realizan. Entre las causas menciona la ausencia de mecanismos automáticos de confirmación, dificultades para localizar a las familias y la sobrecarga administrativa que impide realizar recordatorios preventivos.
A esto se suma otra dificultad: la constante actualización de informes solicitada por los juzgados de Familia, una práctica que, según la auditoría, termina saturando la agenda del equipo y resta disponibilidad para atender nuevos casos.
También se detectaron problemas de sincronización entre los organismos judiciales, ya que en numerosas oportunidades los juzgados no incorporan en tiempo y forma la documentación digital necesaria, generando demoras innecesarias.
Seis medidas para mejorar el funcionamiento
A partir del diagnóstico, la auditoría recomendó implementar un conjunto de medidas destinadas a optimizar el servicio:
- Implementación de un Protocolo de Confirmación Previa de Turnos, readecuación de agendas: Diseñar e instrumentar de manera obligatoria un mecanismo de recordatorio telefónico o digital preventivo administrado por el sector administrativo, con el fin de mitigar la brecha de deserción del 35% y reasignar dinámicamente los espacios liberados.
- Mapeo y Delimitación de Competencias Interinstitucionales: Delimitar estrictamente el marco de actuación legal del ETI frente a otros estamentos (tales como el Servicio de Protección de Derechos -SPD- Equipo Técnico de Oficina de Adopciones, Programas Adultos Mayores, Secretaría de la Mujer o el Servicio Social de la Defensa Pública), impidiendo la absorción de casos por omisiones de terceros organismos que sobrecarguen las agendas locales.
- Canal de Remisión Directa en Expedientes: Coordinar con los Juzgados de Familia para que se remita en forma directa la vista digital integrada con todos los antecedentes, por ejemplo, en materia de adopciones, integrada con el expediente de guarda preadoptiva, evitando dilaciones en las solicitudes de informes.
- Automatización del Sistema de Gestión: Requerir a la Secretaría de Informática el desarrollo de un módulo en el sistema Machi para la generación y emisión automatizada de constancias de asistencia, liberando tiempo del personal administrativo para tareas de soporte técnico-operativo.
- Necesidad de articulación: Resulta de primordial relevancia la articulación con otros organismos que integran el Sistema de Protección de Derechos, a fin de evitar sobre intervenciones, criterios contradictorios o excluyentes, agravamiento de la vulnerabilidad familiar, procurando intervenciones judiciales y administrativas más eficaces a la resolución del conflicto o el restablecimiento de los derechos vulnerados.
- Mesa de Trabajo de Criterios con el Fuero de Familia: Convocar a un espacio de articulación con los Magistrados de Familia para estandarizar las solicitudes de actualización de informes, racionalizando el alcance temporal y la real necesidad jurídica de la reiteración de abordajes sobre el mismo grupo familiar. Determinar o unificar criterios de intervención, evitando que el ETI se constituya en la llave de acceso a la jurisdicción, o resultar depositarios del resultado del caso; en concreto, evitar una delegación jurisdiccional no permitida y robustecer la presencia jurisdiccional en la resolución del caso.