La situación dominial de las tierras que YPF posee o poseía en Comodoro Rivadavia presenta zonas grises legales. Con el traspaso de activos a la provincia, el conflicto escaló y enfrenta al gobernador Ignacio Torres con el intendente Othar Macharashvili, el diputado Juan Pablo Luque y el ministro Federico Ponce.
La disputa por las tierras y bienes que YPF dejó en Comodoro Rivadavia no es solo un conflicto político coyuntural: es la consecuencia de una historia inconclusa de transferencias, vacíos legales y decisiones administrativas que nunca terminaron de cerrarse.
El escenario actual se activó tras la confirmación del traspaso de activos de la petrolera a la Provincia del Chubut, en el marco de su salida de la Cuenca del Golfo San Jorge. A partir de allí, el gobernador Ignacio Torres anunció que impulsará una ley para definir el destino de esos bienes, asegurando que serán para los comodorenses, aunque no bajo control exclusivo del Municipio.
Esa postura generó un inmediato rechazo del intendente Othar Macharashvili, quien sostiene que esos activos deben permanecer en la órbita local. En la misma línea, el diputado Juan Pablo Luque planteó la necesidad de garantizar mecanismos legales que impidan decisiones sin participación de la comunidad.
Pero detrás de este cruce político aparece una pregunta más profunda: ¿de quién son realmente esas tierras?
Una titularidad en discusión desde hace décadas
El punto más sensible del debate fue anticipado por ADNSUR en un informe previo: dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, no figuran inmuebles registrados a nombre de YPF en organismos nacionales, con la excepción de áreas específicas como la playa de tanques.
Ese dato introduce una incertidumbre clave. Si gran parte de esas tierras no están formalmente registradas a nombre de la petrolera, la discusión sobre su transferencia adquiere otra dimensión.
La explicación remite a antecedentes históricos que nunca terminaron de resolverse.
En 1995, el Municipio y YPF firmaron un acuerdo que contemplaba la transferencia de múltiples inmuebles a la ciudad. A cambio, se condonó una deuda millonaria que la empresa mantenía por tributos locales. Sin embargo, ese proceso nunca se completó plenamente desde el punto de vista registral: faltaron mensuras y formalizaciones que consolidaran la titularidad.
Esa omisión dejó una zona gris que persiste hasta hoy: tierras que pudieron haber sido transferidas en términos políticos, pero que no terminaron de serlo jurídicamente.
A esto se suma un antecedente aún más antiguo. Un decreto de 1982 establecía que YPF debía ceder al Municipio aquellos bienes que no fueran necesarios para su actividad productiva. Esa norma sigue vigente y es utilizada como argumento por quienes sostienen que parte de los terrenos en disputa podrían corresponder, en realidad, a la ciudad.
Sin embargo, durante años la propia YPF continuó pagando impuestos municipales por varios de esos lotes, lo que refuerza la complejidad del escenario: coexistieron indicios de dominio privado con antecedentes de cesión pública.
El presente: política, dinero y control del territorio
Sobre ese entramado legal incompleto se monta hoy la disputa política.
El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, defendió el acuerdo alcanzado con YPF —valuado en más de 85 millones de dólares— y cuestionó con dureza a los dirigentes locales que reclaman mayor control municipal. Según explicó, el convenio incluye dinero en efectivo, vehículos para servicios públicos y la transferencia de tierras e inmuebles que serán destinados a viviendas, clubes e instituciones sociales.
“La Provincia actuó antes de que estos bienes pudieran ser vendidos o transferidos a privados”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aseguró que el objetivo es garantizar un destino social concreto para esos activos.
Desde el Municipio, en cambio, el planteo apunta a preservar el control local sobre un patrimonio que consideran parte de la historia y el desarrollo de la ciudad.
Un problema estructural: la falta de tierras
Más allá de la coyuntura política, el conflicto expone un problema estructural: la escasez de tierras disponibles en Comodoro Rivadavia para el desarrollo urbano.
Durante décadas, la expansión de la ciudad estuvo condicionada por la actividad petrolera, que ocupó amplias superficies dentro del ejido urbano. Como resultado, el acceso a suelo para viviendas, infraestructura y planificación se convirtió en uno de los principales déficits de la ciudad.
En ese contexto, los terrenos vinculados a YPF representan mucho más que un activo económico: son una herramienta clave para pensar el futuro urbano de Comodoro.
Lo que viene: ley, Legislatura y posible judicialización
Con la transferencia ya concretada, el foco ahora está puesto en el proceso que se abrirá en la Legislatura del Chubut, donde deberá tratarse el acuerdo.
Pero en paralelo, no se descarta que el conflicto escale al plano judicial. La posibilidad de impulsar una acción declarativa de certeza —una herramienta utilizada cuando existe incertidumbre sobre la titularidad de bienes— aparece como una de las alternativas para ordenar el escenario.
En definitiva, la discusión no es solo política ni económica. Es, sobre todo, jurídica.
Y mientras no se resuelva esa pregunta de fondo —quién es realmente el dueño de las tierras—, cualquier decisión sobre su destino seguirá apoyándose sobre un terreno, literalmente, incierto.