El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, confirmó que la auditoría e intervención dispuesta tras la muerte del niño Ángel se encuentra en su etapa final, a la espera del último informe técnico.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) se encuentra en la etapa final de la auditoría e intervención dispuesta tras el caso de Ángel, el niño cuya muerte, investigada como homicidio, ocurrió en la provincia. El presidente del STJ, Andrés Giacomone, confirmó que el proceso de revisión interna está concluyendo con la entrega del último informe técnico elaborado por la interventora designada.
“El primer proceso de intervención finalizó o está finalizando con la última entrega del informe de la doctora Nieto”, señaló Giacomone. Según explicó, una vez analizada esa documentación, el Superior Tribunal evaluará los resultados alcanzados y las medidas que eventualmente puedan surgir de ese trabajo. “Una vez analizado ese informe se verá cuál es el resultado al que se arribó y en base a eso también se tendrán que tomar medidas”, afirmó.
Giacomone aclaró que la auditoría no estuvo enfocada en determinar responsabilidades penales por el caso particular, investigación que continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, sino en analizar el funcionamiento general de los organismos que intervienen en situaciones de vulneración de derechos de niños y adolescentes. “Nosotros lo que tenemos que analizar es el conjunto, verificar si el sistema como tal está funcionando de manera correcta y cuáles son las posibles mejoras”, sostuvo.
En ese análisis intervienen múltiples organismos, algunos de los cuales no dependen del Poder Judicial, como los servicios de protección de derechos, la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y los juzgados de Familia. Consultados sobre la posibilidad de que el proceso derive en sanciones o responsabilidades individuales, Giacomone diferenció el objeto de la auditoría institucional de eventuales investigaciones sobre conductas específicas de funcionarios o empleados. “Habrá que analizar otras situaciones, como puede llegar a ser el buen o mal desempeño de algún funcionario o de algún empleado”, indicó. En esos casos, los mecanismos institucionales previstos podrían incluir sumarios administrativos o actuaciones ante el Consejo de la Magistratura.
Durante la entrevista, Giacomone también advirtió sobre un escenario de creciente conflictividad social y de aumento sostenido de la judicialización de distintos conflictos. “Estamos en un escenario donde hay una judicialización muy importante de distintas temáticas y esto lejos de ir en descenso va en ascenso”, sostuvo. El informe final de la intervención será evaluado por las autoridades judiciales, que determinarán si existen cambios organizativos, procedimentales o institucionales necesarios.