La provincia de Chubut se adhirió a la Ley Nacional de Organizaciones Criminales, impulsada por la situación de violencia en Comodoro Rivadavia. El procurador general Jorge Miquelarena respaldó la medida pero advirtió que no se resignará la competencia provincial.
El recrudecimiento de la violencia urbana en la zona sur de Chubut aceleró la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Organizaciones Criminales, conocida como ley antimafia. La medida fue respaldada por la justicia provincial para destrabar investigaciones complejas. Sin embargo, el procurador general, Jorge Miquelarena, advirtió que no se resignará la competencia provincial frente al avance federal.
La reciente adhesión de Chubut a la Ley Nacional de Organizaciones Criminales tiene su origen en la situación de Comodoro Rivadavia. La escalada de conflictividad en la ciudad fue uno de los motivos principales que derivaron en que el Estado provincial busque implementar nuevas herramientas procesales para enfrentar el accionar de las redes delictivas.
En los últimos meses, Comodoro Rivadavia registró secuestros, tráfico de armas y enfrentamientos armados que desdibujaron las fronteras entre los delitos de competencia ordinaria y el narcotráfico. Frente a este panorama, el Ejecutivo y la Justicia decidieron agrupar fuerzas para dar una señal institucional.
La necesidad de una respuesta firme motivó cumbres entre las máximas autoridades provinciales. El procurador general Jorge Miquelarena fue convocado para analizar el escenario y diagramar un frente común. “Debido a la situación complicada en Comodoro Rivadavia, teníamos que aunar esfuerzos desde todos los poderes para poner un punto final a la escalada”, explicó Miquelarena.
Miquelarena detalló que las conductas criminales se superponen en un mismo expediente de investigación. “Hay una línea transversal entre los tipos de delitos, ya no son puramente de un fuero o del otro, habitualmente están mezclados”, afirmó. “El delincuente que trafica droga no dice que solo se dedica a eso y no hace otra cosa. En el medio se tirotea para ganar territorio, consigue armas, amenaza y hace un montón de cosas más”, agregó.
En el plano técnico, el marco nacional no altera las cuestiones de fondo del código chubutense, ya que la normativa local permite investigar a clanes familiares bajo la figura de asociación ilícita o autorizar intervenciones telefónicas. Sin embargo, la adhesión aporta ventajas para agilizar las causas. Miquelarena precisó que la ley nacional ofrece mayor laxitud en términos de tiempos y requerimientos jurídicos. “Lo que tiene la ley antimafia son algunos aspectos procesales clave, como una mayor duración de los plazos de prisión preventiva y un mayor plazo para investigar”, detalló. “Permite tomar determinadas medidas y poder decomisar aún sin sentencia mientras tanto, algo que en nuestra normativa resulta más riguroso”, agregó.
El proyecto incluyó un artículo que bloquea la competencia nacional. Miquelarena sostuvo que “si no hubiera estado ese artículo que frena la competencia, de ninguna manera firmaba nada”. Argumentó que ceder en ese punto “sería lo mismo que supeditar a todo el Ministerio Público Fiscal de la provincia a lo que decida hacer la Justicia Federal”. “Yo ni por casualidad voy a supeditar a ningún fiscal de la provincia a que reciba órdenes de un fiscal federal o a que le manejen una investigación desde ese fuero. Nosotros no vamos a resignar nuestra competencia”, sentenció.