El servicio de transporte urbano de pasajeros opera con normalidad este lunes en Comodoro Rivadavia, tras una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo local que obliga a la empresa Patagonia Argentina SRL a mantener la prestación.
En medio del conflicto judicial entre la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la empresa Patagonia Argentina SRL, el servicio de transporte urbano funciona con normalidad este lunes 1 de junio en la ciudad. Desde la madrugada, las unidades comenzaron a circular con regularidad. Según indicaron desde la empresa, los primeros colectivos salieron a las 4:30 para iniciar los recorridos habituales, garantizando así la prestación del servicio para los usuarios.
El Juzgado Contencioso Administrativo de Comodoro Rivadavia dictó una medida cautelar de urgencia que obliga a la empresa Patagonia Argentina SRL a garantizar la normal prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros a partir de este lunes 1 de junio. La resolución busca frenar la paralización total del sistema de colectivos en medio del fuerte conflicto legal abierto con la Municipalidad por el vencimiento de la prórroga contractual. La medida fue firmada por el juez Iván Alexandre Visser, quien hizo lugar parcialmente al amparo presentado por el Ejecutivo municipal para proteger a los usuarios. El magistrado dictaminó que la actual prestataria debe continuar circulando hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo o la nueva adjudicataria electa, Grupo MR SRL, tome posesión efectiva del servicio.
La resolución judicial desató un inmediato rechazo por parte de la conducción de Patagonia Argentina SRL. El gerente de la firma, Atilio Rossi, confirmó que los asesores legales de la compañía ya trabajan en la apelación del fallo y anticipó que este lunes formalizarán una denuncia contra el juez Alexandre Visser ante el Consejo de la Magistratura, poniendo en duda su imparcialidad. La controversia radica en que el propio magistrado reconoció en el expediente que correspondía excusarse y apartarse de la causa debido a sus antecedentes laborales previos como funcionario y abogado de la Municipalidad en litigios pasados contra la empresa. Sin embargo, antes de transferir la carpeta, el juez dictó la medida cautelar en favor de la comuna. “Cuando presentamos nosotros, se excusa por haber sido abogado de la Municipalidad y actuar judicialmente contra Patagonia. Y ahora no se excusa. Es llamativo esto, una desprolijidad tremenda. No sé este juez para quién trabaja”, afirmó Rossi, recordando que el mismo magistrado ya se había apartado de otra denuncia vinculada a la licitación que fue derivada a un juzgado de Esquel.
Más allá de los cruces de índole legal, desde la empresa sembraron serias dudas sobre la normalidad operativa y la viabilidad técnica para los próximos meses. El gerente advirtió que la firma no cuenta con un parque automotor en condiciones aptas como para sostener la frecuencia por un semestre más. Rossi apuntó directamente contra la gestión municipal anterior de Juan Pablo Luque, acusándola de ejecutar un desgaste minucioso mediante prórrogas de corto plazo que impidieron la previsibilidad económica. Además, reveló que la firma tiene comprometidas 40 unidades nuevas, de las cuales 23 ya se encuentran físicamente en Comodoro, pero aclaró que las inversiones continuarán congeladas hasta que no exista una definición clara sobre la concesión por cinco años que reclaman. Según pudo saber ADNSUR, los choferes de Patagonia brindarán el servicio de forma normal. «Los primeros colectivos empiezan a circular a las 04:30 para tomar servicio», indicaron desde la empresa.
La medida cautelar le otorga un aire temporal al Ejecutivo municipal para analizar a contrarreloj la viabilidad del traspaso definitivo hacia el Grupo MR SRL. La firma entrante completó la presentación de un expediente de 238 páginas y múltiples anexos para intentar destrabar la firma del contrato de concesión, el cual se encontraba suspendido por observaciones en sus avales. El gerente de Grupo MR, Raúl Sosa, detalló que la documentación aportada incluye facturas de compra, certificaciones ante escribano público y registros fotográficos que constatan la existencia física de las unidades comprometidas y su libre disponibilidad para ser trasladadas a la ciudad. El principal foco de conflicto a resolver por las autoridades radica en que MR pretende iniciar la operación con una flota de 95 colectivos, mientras que los pliegos licitatorios exigen un piso de 121 unidades para cubrir el diagrama de transporte local.