El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena contra Cecilia Torres Otarola por la causa “Ñoquis calientes”

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El máximo tribunal provincial ratificó el fallo de la Cámara Penal de Trelew y confirmó que la exfuncionaria exigía dinero a asesores y nombró directivos que nunca trabajaron.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas y dejó firme la condena contra la ex ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, en el marco de la causa conocida como “Ñoquis Calientes”.

La resolución confirma la sentencia N° 78/2025 dictada el 12 de junio de 2025 por la Cámara en lo Penal de Trelew y ratifica las penas impuestas tanto a Torres Otarola como a los demás condenados por fraude a la administración pública.

El fallo fue firmado por los ministros Ricardo Alberto Napolitani, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidán -quien presidió el acuerdo-, Camila Lucía Banfi Saavedra y Mario Luis Vivas, junto con el juez de Cámara Martín Roberto Montenovo, en el expediente correspondiente a la Carpeta Judicial N° 7308 de la Oficina Judicial de Rawson. La investigación y el juicio estuvieron encabezados por el fiscal general Omar Rodríguez, actual titular de la Fiscalía de Trelew.

Las impugnaciones extraordinarias habían sido presentadas por la defensora particular Florencia Ana Aida Barba, en representación de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, y por el abogado Romano Cominetti, defensor de Cecilia Torres Otarola.

Sin embargo, el Superior Tribunal consideró improcedentes todos los planteos y confirmó integralmente lo resuelto por la Cámara Penal, imponiendo además las costas del proceso a las defensas.

Con esta decisión, quedó firme la condena contra la ex funcionaria provincial y los otros imputados. La sentencia ratificada establece para Torres Otarola la pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En tanto, Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles fueron condenados a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública.

La maniobra investigada

La causa “Ñoquis Calientes” investigó dos maniobras distintas atribuidas a Cecilia Torres Otarola durante su paso por la función pública provincial.

De acuerdo con la sentencia, cuando se desempeñaba como diputada provincial, exigía a sus asesores legislativos la entrega de aproximadamente el 50% de sus salarios. El dinero era recolectado por Silvana Cañumil y posteriormente transferido a cuentas vinculadas a Torres Otarola.

El Superior Tribunal confirmó que esa conducta encuadra en el delito de concusión, previsto en el artículo 266 del Código Penal, al considerar que existió un abuso derivado de la posición de poder que ejercía la entonces legisladora. Los jueces entendieron que la exigencia de dinero a sus colaboradores no respondía a un acuerdo voluntario sino a una imposición vinculada directamente al cargo que ocupaba.

El segundo tramo de la investigación estuvo centrado en las designaciones realizadas por Torres Otarola durante su gestión como ministra de Desarrollo Humano y Familia.

Según acreditó la Justicia, la ex funcionaria nombró a Mara Lorena Rodera como directora general y a Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles como directores provinciales, pese a que todos tenían domicilio en Buenos Aires y nunca cumplieron funciones efectivas en Chubut.

El fallo sostiene que las designaciones fueron utilizadas para incorporar a esas personas al sistema de haberes del Estado provincial bajo argumentos falsos de idoneidad y necesidad funcional.

Para el Superior Tribunal, quedó probado que los nombramientos fueron realizados sabiendo que los designados no prestarían tareas, configurándose así el delito de fraude a la administración pública.

Los magistrados remarcaron que la maniobra provocó un perjuicio económico al Estado provincial y se concretó mediante el uso indebido de estructuras y recursos públicos. Con el rechazo de las últimas impugnaciones, la condena quedó firme y se cerró una de las causas de corrupción más resonantes de los últimos años en Chubut.

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