Con 168 oradores, Río Negro debate el gasoducto clave para exportar GNL desde el Golfo San Matías

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San Antonio Oeste es escenario este viernes de la audiencia pública por el Gasoducto Dedicado Tratayén–SAO, la infraestructura que conectará Vaca Muerta con las unidades flotantes de licuefacción previstas para la costa atlántica.

San Antonio Oeste es escenario este viernes de la audiencia pública por el Gasoducto Dedicado Tratayén–SAO, la infraestructura que conectará Vaca Muerta con las unidades flotantes de licuefacción previstas para la costa atlántica.

La obra es el eslabón terrestre de uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de la Argentina reciente: el sistema FLNG en el Golfo San Matías impulsado por Southern Energy S.A., que contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción para la producción de Gas Natural Licuado. Sin gasoducto, no hay GNL. Y sin GNL, el gas de Vaca Muerta no llega a los mercados internacionales.

El comienzo está previsto para las 9 de la mañana en el Gimnasio Municipal «Sebastiana Antenao», convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. Con 168 oradores inscriptos, el encuentro se convierte en una de las instancias de participación ciudadana más convocantes en torno a una obra considerada estratégica para la región.

Una obra de 472 kilómetros con inicio previsto este mes

El gasoducto tendrá una capacidad de transporte de 28 millones de metros cúbicos diarios y una extensión aproximada de 472,5 km, de los cuales 29 km se desarrollan en Neuquén y 443,5 km en Río Negro, vinculando la zona de Tratayén con las instalaciones de San Antonio Oeste.

El proyecto incluye la construcción de la planta compresora intermedia de Allen, la terminal y estación de medición (EMED) y su vinculación con la planta compresora de San Antonio Oeste, que alimentará directamente las unidades flotantes. La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses, con inicio previsto en mayo de 2026 y finalización en abril de 2028. La audiencia pública constituye el paso institucional central dentro del proceso ambiental, previo a la resolución definitiva que habilite las obras.

La empresa a cargo de la construcción y operación es San Matías Pipeline S.A., que comparte la misma composición accionaria que Southern Energy: Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

Una inversión de más de 6.000 millones de dólares en juego

El gasoducto no es una obra aislada: es la pieza habilitante de un proyecto de exportación que ya tiene contratos firmados y decisiones de inversión tomadas. Southern Energy confirmó una inversión superior a los 6.000 millones de dólares hasta 2035. El proyecto tiene una vida útil de 20 años y creará 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción.

El primer FLNG, el Hilli Episeyo, está previsto para septiembre de 2027; el segundo, el MKII, para el segundo semestre de 2028, con una capacidad combinada de 5,95 millones de toneladas por año. La comercialización ya tiene respaldo contractual: Southern Energy firmó con la alemana SEFE un contrato de venta de GNL a largo plazo que representa más del 80% de la capacidad de producción del Hilli Episeyo.

Para sostener ese esquema, el gasoducto debe estar operativo en tiempo y forma. El diseño incluye además dos ductos submarinos de seis kilómetros para conectar con las unidades flotantes de licuefacción.

El respaldo institucional

La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría —41 votos a favor y 3 en contra— la ratificación del acuerdo firmado entre la provincia, Southern Energy S.A. y San Matías Pipeline S.A., orientado a establecer un régimen fiscal y de estabilidad regulatoria para el desarrollo del proyecto. El proyecto podría generar para Río Negro más de 490 millones de dólares en 20 años, entre cánones, regalías, tasas, aportes comunitarios y un aporte variable asociado al precio internacional del gas.

Con la audiencia de hoy, la Secretaría de Ambiente deberá procesar las observaciones recibidas y emitir la resolución ambiental que habilite —o condicione— el inicio de las obras. Los plazos son ajustados: el primer buque de licuefacción tiene fecha de llegada para 2027, y el gasoducto tiene que estar listo para recibirlo.

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