El gobierno de Neuquén creó por decreto un régimen especial que permitirá a 1.700 trabajadores estatales, en su mayoría mujeres, jubilarse de forma anticipada. La medida busca reparar una deuda histórica por falta de aportes previsionales.
El gobierno de la provincia de Neuquén, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, estableció mediante decreto el Régimen Especial de Acompañamiento al Cese Voluntario. Esta medida beneficiará inicialmente a 1.700 trabajadores estatales que ya alcanzaron la edad jubilatoria pero no completaron los años de aportes requeridos.
La iniciativa había sido impulsada como proyecto de ley por el sindicato ATE, liderado por su secretario general, Carlos Quintriqueo. El origen del problema se remonta a la década de 1990, cuando muchas de estas personas ingresaron al empleo público bajo la Ley 2.128, a través de planes sociales como contraprestación laboral. Esa modalidad de trabajo precarizado no generaba aportes previsionales ni cobertura de obra social.
Con el paso de los años, esos trabajadores envejecieron dentro del Estado sin poder acceder a una jubilación por falta de aportes acumulados. «Si no fuera por este régimen especial, deberían seguir en funciones quizás hasta los 80 años», señaló Quintriqueo.
Del total de 1.700 trabajadores alcanzados, más del 90% son mujeres. Se desempeñan principalmente en áreas de Desarrollo Social, Educación y Salud, aunque también hay agentes en comisarías, registros civiles y viveros provinciales. En su mayoría realizan tareas de maestranza y servicios generales, para quienes el esfuerzo físico cotidiano se volvió una carga difícil de sostener.
El mecanismo establece que los trabajadores que ya cumplieron la edad requerida para jubilarse pero no completaron los años de aportes esperarán desde sus hogares, sin obligación de asistir a sus puestos, mientras continúan cobrando su salario íntegro y realizando aportes al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) hasta alcanzar los años necesarios. La única diferencia respecto a su remuneración habitual es que no percibirán ropa de trabajo ni horas extras.
Esta semana se dictará la resolución de implementación. A partir de allí, cada sector de Recursos Humanos del Estado definirá los pasos administrativos internos, y cada agente deberá iniciar el trámite ante esa oficina. La Dirección Provincial de Recursos Humanos será el órgano de aplicación. Los beneficiarios contarán con dos años para iniciar el trámite, y muchos, según anticipó Quintriqueo, aprovecharán primero sus vacaciones adeudadas antes de activarlo.
El esquema también genera un beneficio indirecto para las dependencias estatales: al producirse el retiro de estos trabajadores, se liberarán vacantes que podrán ser cubiertas con nuevos ingresos. Quintriqueo destacó el carácter pionero de la medida: «El proyecto es único en el país, a pesar de que en muchos estados sucede esto». Y valoró tanto el proceso de construcción colectiva como la decisión política del ejecutivo provincial.