El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, solicitó la aplicación de la Ley Nacional Antimafia para juzgar a los integrantes de las familias Vera y Nieves, tras el asesinato de un testigo clave en la causa.
El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, pidió este jueves la inmediata aplicación de la Ley Nacional Antimafia (N° 27.786) para combatir a las organizaciones criminales que operan en Comodoro Rivadavia, específicamente contra las familias Vera y Nieves. «La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel», afirmó el mandatario.
El reclamo se produce tras el asesinato de un testigo que iba a declarar en una causa que vincula a ambas familias, con un extenso historial delictivo en la ciudad. Torres exigió el rápido accionar de la Justicia y destacó que la provincia adhirió a la ley a principios de 2025. «Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años», expresó.
Los Vera y los Nieves acumulan un largo prontuario de violencia. El último episodio ocurrió el miércoles por la madrugada, cuando dos personas fueron asesinadas. Una de las víctimas iba a testificar en la investigación del homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente a manos de Agustín Vera. Además, se informó que una de las personas fallecidas había sido condenada en 2019 por homicidio, pero recuperó la libertad tras una reducción de pena.
En conferencia de prensa, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe Mauricio Zabala, y otros integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. «Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad», sostuvo.
La Ley Nacional N° 27.786, conocida como «Ley Antimafia», entró en vigencia en marzo de 2025 y apunta a combatir el crimen organizado, permitiendo juzgar a toda la estructura de una organización y no solo a los ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones.