La jueza federal Sandra Arroyo Salgado afirmó que existen conexiones entre integrantes de servicios de inteligencia y una empresa patagónica de Río Turbio en el asesinato del fiscal Alberto Nisman, ocurrido en 2015.
La expareja del fiscal y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, volvió a poner el caso de la muerte de Alberto Nisman en el centro de la escena durante una exposición ante socios del Rotary Club de Buenos Aires. En una charla titulada “Investigaciones complejas y credibilidad en la justicia”, la magistrada sostuvo que “la Justicia ya despejó un primer tramo” de la causa y que “se demostró que fue asesinado en manos de algunos oscuros del poder”.
Arroyo Salgado señaló que existen “trascendidos sobre sus autores materiales” que vinculan a miembros de los servicios de inteligencia del actual Gobierno con una empresa radicada en Río Turbio, aunque no brindó mayores precisiones sobre esa presunta conexión. La causa por la muerte del fiscal está delegada en la fiscalía federal a cargo de Eduardo Taiano y tiene como principal línea investigativa la hipótesis de homicidio.
Según determinó la Justicia, un grupo de agentes de inteligencia del Ejército habría estado en las inmediaciones del departamento de Nisman, en las torres Le Parc de Puerto Madero, durante el fin de semana en que apareció muerto con un disparo en la cabeza. Hasta ahora, el único procesado es el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola Bersa calibre 22 de la que salió el disparo.
Durante su exposición, Arroyo Salgado también cuestionó el funcionamiento actual del sistema judicial y advirtió sobre el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción estructural. “La justicia argentina arrastra una deuda y la muestra de eso es su incapacidad de investigar delitos del crimen organizado”, afirmó. Además, habló sobre el avance de los delitos virtuales y planteó la necesidad de adaptar el sistema judicial a la era digital, mencionando la posibilidad de incorporar en futuras reformas penales la privación de la “libertad virtual” para detenidos que continúan operando desde cárceles mediante teléfonos celulares.
Alberto Nisman fue un fiscal federal argentino que investigó durante años el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994 en Buenos Aires. En enero de 2015 denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios funcionarios por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes acusados de participar en el ataque. Cuatro días después, el 18 de enero de 2015, fue hallado muerto en su departamento. La causa sigue abierta y no hay condenados por el crimen.