La Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló por mayoría el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada al decreto 823/21 que centralizó contrataciones de seguros en Nación Seguros.
La Cámara Federal de Casación anuló por mayoría la resolución que había confirmado el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la causa conocida como Seguros. El tribunal ordenó dictar una nueva decisión en la causa penal en la que Fernández estaba procesado por supuestas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, según informó la agencia Noticias Argentinas.
La determinación fue tomada por la Sala IV del tribunal, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En tanto, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia y pidió dejar firme el procesamiento. Los magistrados que votaron a favor de anular el procesamiento estuvieron en línea con la postura del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, quien sostuvo que no había elementos para procesar al expresidente.
“No hay juez sin acusador”, expresaron los magistrados, que remarcaron que tanto la defensa de Fernández como la fiscalía solicitaron revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito. Casación anuló así la resolución que había confirmado el procesamiento del expresidente y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento.
El corazón de la investigación judicial radica en las consecuencias generadas por el decreto 823/21, certificado durante la gestión de Fernández. Dicha normativa estableció que todos los ministerios y organismos dependientes del Estado Nacional debían contratar obligatoriamente sus pólizas de seguros a través de Nación Seguros, la empresa aseguradora del Banco Nación.
Si bien la medida buscó centralizar las contrataciones, la fiscalía investiga que, tras la publicación de este decreto, empresas vinculadas a Héctor Martínez Sosa obtuvieron una participación inusualmente alta. Se estima que estas intermediarias habrían percibido casi el 60% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros en el período bajo análisis. El monto total de las comisiones cuestionadas superaría los $2.250 millones, cifra que ilustra la magnitud de las supuestas irregularidades.
El procesamiento afirmaba que el crecimiento abrupto y el éxito comercial del corredor Martínez Sosa se había sustentado en la relación personal que mantenía con el expresidente. Este vínculo, sumado a la posición estratégica de su esposa, María Cantero, como secretaria privada de la Presidencia, habría facilitado reuniones, contactos y gestiones que resultaron cruciales para la obtención de los contratos.