La Cámara empresaria del sector presentó un recurso de inconstitucionalidad. Paralelamente, un legislador provincial solicitó informes sobre la situación de la erosión costera en Rawson y Comodoro Rivadavia.
El sector pesquero de Chubut atraviesa un nuevo capítulo judicial tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de «ficha limpia» aplicada al sector. La acción fue impulsada por la cámara que nuclea a la flota amarilla ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El diputado provincial Sergio González (Chubut Unido) confirmó la medida y reiteró sus críticas a la norma, argumentando que «no corresponde» y que introduce un factor de incertidumbre para las inversiones. «Explicamos por qué esta ficha limpia era inconstitucional, dimos fundamentos claros, pero igualmente fue votada», señaló el legislador, quien destacó que, si bien la ley aún no generó efectos concretos en la operatoria diaria, su principal riesgo radica en la falta de previsibilidad.
«Estamos hablando de barcos de nueva tecnología, con inversiones de varios millones de dólares. Si no hay garantías sobre la continuidad de los permisos -que según la ley, pueden caducar por deudas impositivas-, eso puede frenar la modernización de la flota», advirtió González. Remarcó que la renovación de embarcaciones impacta en la capacidad de captura, la recaudación provincial, la seguridad de las tripulaciones y la calidad del producto para los mercados internacionales.
En otro orden, el diputado se refirió a un pedido de informes presentado en la Legislatura sobre la situación de la erosión costera, con foco en Rawson y Comodoro Rivadavia, tras el vencimiento de la emergencia declarada el año pasado. «El problema no sólo continúa, sino que en algunos casos se agravó. Necesitamos saber qué se hizo durante la vigencia de la emergencia, qué obras se ejecutaron y cuál es el plan a futuro», planteó.
González describió escenarios críticos en zonas como Playa Unión y Magagna, donde «hay casas con parte de sus cimientos en el aire». La inquietud legislativa apunta a determinar si las herramientas excepcionales habilitadas durante la emergencia se tradujeron en intervenciones concretas. En paralelo, persisten demoras en obras consideradas prioritarias, como proyectos de enrocado licitados pero aún no ejecutados. «A veces no alcanza con declarar la emergencia, lo importante es lo que se hace después», resumió.