El máximo tribunal nacional dejó firme la pena contra Samuel Josué Figueroa, quien fue declarado culpable por abusos sexuales agravados cometidos entre 2000 y 2007. El fallo revirtió una anulación previa y estableció un criterio sobre el uso de argumentos formales en delitos graves.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 14 años de prisión contra Samuel Josué Figueroa, un pastor evangélico declarado culpable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2007 en la localidad chubutense de El Maitén. La víctima principal tenía 8 años al momento de iniciarse los abusos, y también fue atacada su prima, quien en ese entonces tenía entre 13 y 14 años.
Figueroa convivía con la familia y ejercía un rol de autoridad religiosa, lo que, según se determinó, facilitó un contexto de manipulación, miedo y silencio que demoró la denuncia hasta el año 2017. El juicio se realizó en marzo de 2020 en la ciudad de Esquel, donde fue declarado culpable. La pena de 14 años se dictó en agosto de ese mismo año, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.
La defensa del imputado planteó la nulidad del proceso al considerar excesivo el tiempo transcurrido entre el veredicto y la fijación de la condena. En 2021, un tribunal de Chubut aceptó este argumento y anuló el juicio, lo que abría la posibilidad de repetir todo el proceso. Sin embargo, la Corte Suprema revirtió esa decisión.
El máximo tribunal sostuvo que la demora estuvo justificada por la emergencia sanitaria y que no se comprobó un perjuicio concreto al derecho de defensa del acusado. Por el contrario, advirtió que anular el juicio sí implicaba un daño significativo para las víctimas, exponiéndolas a revivir los hechos y acercando el caso a un escenario de impunidad.
El fallo cierra un proceso judicial que se extendió durante años y marca un criterio relevante: en delitos graves, los argumentos de forma no pueden prevalecer si no existe un daño real a los derechos de las partes. La decisión refuerza el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Ante señales o sospechas de abuso, especialistas recomiendan actuar con rapidez y cuidado para proteger a las víctimas. En Argentina, se puede contactar a la Línea 102, gratuita y disponible en todo el país, para recibir orientación o realizar consultas en situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.