El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (Sipger) difundió un duro comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las áreas actualmente operadas por Patagonia Resources y Quintana E&P en la provincia de Santa Cruz.
El documento, firmado por el secretario general Rafael Guenchenen, advierte sobre la negativa de las empresas a reincorporar trabajadores a la actividad y denuncia la paralización de contratos que afecta a numerosas firmas de servicios vinculadas al sector hidrocarburífero.
Desde el gremio señalaron que la falta de distribución de contratos y servicios provocó despidos y dejó en situación de “stand by” a trabajadores pertenecientes a distintas contratistas que desarrollan tareas en los yacimientos. Según indicaron, esta situación impacta directamente en la cadena de valor de la actividad petrolera y pone en riesgo el sustento de numerosas familias que dependen del sector.
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Facebook: SIPGER
En el comunicado, el sindicato remarcó que “el trabajo petrolero no puede quedar sujeto a la incertidumbre ni a decisiones empresariales que paralizan la producción, afectan a prestadores regionales y dejan a los trabajadores sin tareas efectivas”. En ese sentido, cuestionaron el accionar de las compañías que integran la UTE que actualmente opera los bloques que anteriormente estaban bajo control de YPF.
El Sipger recordó que, al momento de asumir la operación de esas áreas, las empresas habían asumido compromisos concretos vinculados al sostenimiento de las fuentes laborales, el mantenimiento del nivel de actividad y la realización de inversiones destinadas a garantizar la continuidad de la producción. Sin embargo, según el gremio, esas promesas no se están cumpliendo y la actividad aún no logra recuperarse.
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Además, advirtieron que la paralización de contratos ya está generando consecuencias directas en las empresas de servicios, algunas de las cuales no han podido pagar salarios en tiempo y forma. Este escenario, remarcaron, se da incluso en un contexto en el que el precio internacional del barril de petróleo se encuentra por encima de los valores existentes cuando las operadoras asumieron la gestión de las áreas, además de contar con beneficios fiscales tanto nacionales como provinciales.
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Desde el sindicato también señalaron que la situación fue denunciada en reiteradas oportunidades ante el Ministerio de Trabajo y que se mantuvieron reuniones con representantes empresariales para intentar encontrar soluciones. Incluso se llevaron adelante medidas de fuerza frente a los distintos incumplimientos registrados en los yacimientos. Sin embargo, sostuvieron que hasta el momento operadoras como Patagonia Resources y Quintana E&P “no han dado respuestas suficientes ni han demostrado voluntad real de resolver los conflictos”.
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El comunicado también recuerda que en febrero de 2025 la Legislatura de Santa Cruz aprobó la Ley de Emergencia Hidrocarburífera, cuyo objetivo fue otorgar herramientas al Gobierno provincial para intervenir en la actividad petrolera tras el proceso de retiro de YPF de distintas áreas. La norma abarcó todas las concesiones hidrocarburíferas que la empresa mantenía en la provincia y autorizó al Poder Ejecutivo a adoptar medidas administrativas y legales para mitigar el impacto de esa retirada.
Asimismo, el Sipger subrayó que la aplicación de esa ley se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, organismo que debe garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley N° 3.117 de hidrocarburos y el respeto de las normas vigentes en materia de pasivos ambientales, inversiones comprometidas y obligaciones laborales.
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En ese marco, el sindicato solicitó a las autoridades provinciales que continúen ejerciendo los controles correspondientes sobre la actividad y sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las operadoras. También pidieron a la Legislatura de Santa Cruz y a las comisiones correspondientes que auditen la situación actual de estas áreas para determinar si existe incumplimiento en los planes de inversión y sostenimiento del empleo presentados por el consorcio empresario.
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Por otra parte, durante una reciente reunión mantenida con el Gobierno de Santa Cruz en el marco del proceso de conciliación obligatoria, el gremio volvió a plantear la necesidad de que se exija a YPF que cumpla con las tareas de remediación ambiental en las áreas que dejó en la provincia. Según señalaron, estas obligaciones forman parte de los compromisos asumidos por la compañía al momento de retirarse de esos yacimientos.
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Desde el Sipger indicaron que respetarán el proceso de conciliación obligatoria actualmente vigente, pero advirtieron que continuarán utilizando todas las herramientas legales y gremiales disponibles para defender la producción y cada puesto de trabajo.
Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables
Finalmente, el sindicato lanzó una fuerte advertencia a las operadoras. Señalaron que, si Patagonia Resources, Quintana E&P y las compañías que integran la UTE no cuentan con los recursos económicos, técnicos o financieros necesarios para sostener la producción y garantizar el empleo, deberán asumir esa realidad y dar un paso al costado para permitir que otros actores se hagan cargo de la operación.
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En ese sentido, anticiparon que, de persistir la actual situación, solicitarán formalmente al Gobierno de Santa Cruz que avance con la reversión de las concesiones de los bloques para garantizar la continuidad de la producción, la actividad económica y la defensa de los puestos de trabajo en la industria petrolera.