El sector mayorista expresó su profundo rechazo a la modificación de último momento del artículo 128 de la reforma laboral, impulsada por el Gobierno, al considerar que se trata de un cambio “llamativo y contradictorio” que reinstala la obligatoriedad de los aportes a cámaras empresarias y perpetúa un esquema de recaudación sin control público.
Según explicaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la redacción original del artículo establecía el carácter voluntario de estos aportes. Sin embargo, la modificación introducida otorga una doble garantía para que continúe la recaudación de fondos millonarios, sin mecanismos claros de rendición de cuentas ni acceso público a la información.
En ese marco, señalaron un evidente conflicto de intereses, ya que tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) participan de la mesa paritaria y, al mismo tiempo, son beneficiarias de los aportes obligatorios que allí se negocian, a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP).
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Según explicaron desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la redacción original del artículo establecía el carácter voluntario de estos aportes.
CADAM
Un sistema millonario sin trazabilidad
El aporte obligatorio al INACAP obliga a los empleadores a destinar el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A, por los más de 1,2 millones de trabajadores comprendidos en el convenio mercantil. Estos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME bajo el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional.
De esta manera, desde CADAM advirtieron que cada aumento salarial paritario incrementa automáticamente la recaudación de estas entidades, que además son actores centrales de la negociación, lo que profundiza el conflicto de intereses.
En este contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había establecido mediante el Decreto 149/2025 el carácter voluntario de estos aportes. No obstante, una medida cautelar promovida por el propio INACAP dejó sin efecto el decreto, al sostener que se trata de un instituto “independiente”.
Durante ese proceso judicial, el INACAP reconoció que recauda más de $30.000 millones anuales, sin detallar cuánto se destina efectivamente a capacitación y cuánto al sostenimiento de cámaras empresarias, viáticos, viajes o actividades políticas. Además, las entidades empresarias denunciaron la falta de trazabilidad de esos fondos y la existencia de cámaras de dudosa representación real.
Reclamos ante el Congreso
Las críticas vienen siendo expuestas desde el año pasado ante el Congreso de la Nación por diversas entidades, entre ellas la Confederación Federal PyME, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, el Centro Comercial de Victoria, la Federación Económica de Mendoza y la Cámara de Perfumerías de Argentina.
A estos cuestionamientos se sumaron sectores industriales como la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), que también padecen esquemas similares de aportes obligatorios y respaldaron el proyecto del Poder Ejecutivo para volverlos voluntarios.
También fue objeto de críticas la continuidad del aporte solidario por COVID-19 a la obra social OSECAC, vigente desde abril de 2021 en el marco de la pandemia, pero que sigue cobrándose hasta hoy por cada empleado, incluso cuando el trabajador no está afiliado a esa obra social. “La reforma laboral sigue sosteniendo costos ocultos en las paritarias que incrementan el costo laboral y afectan la generación de empleo formal”, advirtieron.
La ley original y el cambio de último momento
El texto original de la reforma establecía que los aportes patronales especiales no podían superar el 0,5% de las remuneraciones y que, a partir del 1 de enero de 2028, pasarían a ser estrictamente voluntarios, sin posibilidad de imposición mediante convenios colectivos.
Sin embargo, la modificación de último momento mantiene la obligatoriedad, lo que generó indignación en amplios sectores del empresariado, que consideran que la medida consolida un esquema de recaudación opaco, sin controles y con fuertes conflictos de intereses.