Emergencia Climática: la defensa de Boyero pidió anular el juicio por irregularidades y cuestionó la valoración de pruebas

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El abogado Guillermo Iglesias, defensor del exfuncionario municipal Abel Boyero, aseguró que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut escuchó atentamente los argumentos presentados por las defensas de los diez condenados en la causa denominada Emergencia Climática, y manifestó su expectativa de que se revise el proceso judicial “con objetividad y solvencia”.

Minutos después de la audiencia, Iglesias valoró la apertura de los ministros durante la audiencia celebrada este miércoles en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, en Rawson.

El tribunal fue presidido por el Dr. Javier Raidan y participaron como vocales los ministros Silvia Bustos, Mario Vivas, Andrés Giacomone y Ricardo Napolitani, quienes escucharon en primer término los planteos de las defensas técnicas de las personas imputadas en la causa y luego los planteos del Ministerio Público Fiscal.

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“Nos escucharon a todos por igual. Tomaban nota, mostraban interés y eso da una buena impresión, porque a veces los tribunales recortan el tiempo o limitan la exposición. En este caso, fue una audiencia amplia y respetuosa”, expresó, en contacto con Actualidad 2.0.

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El abogado recordó que uno de los principales argumentos de la defensa es que el juicio no debió haberse realizado, ya que los primeros fiscales del caso -Cabral y Crettón- habían desistido de impulsar la acusación y solicitado el sobreseimiento de los imputados.

“Cuando el fiscal retira la acusación, el procedimiento está reglado y no depende de la voluntad del juez. Es el fiscal el que dispone de la acción penal. En este caso se alteraron todas las formas, porque el tribunal ordenó continuar con el juicio, aun cuando el Ministerio Público había desistido”, explicó Iglesias.

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Además, señaló que existe la posibilidad de que el Superior Tribunal no solo anule el juicio, sino que también recorte hechos o morigere las condenas, entre ellas la de Boyero, condenado a 5 años de prisión por fraude al municipio.

Cuestionamientos a la valoración de pruebas

Otro de los puntos cuestionados por la defensa tiene que ver con la valoración de la prueba documental y testimonial durante el debate. Según Iglesias, el tribunal de juicio y luego la Cámara “consideraron que la única prueba válida eran los partes de trabajo municipales, desestimando testimonios y otros elementos que acreditaban que las tareas se habían realizado efectivamente”. 

Ese punto, indicó, fue fundamental para el resultado del juicio, ya que su cliente fue condenado por aprobar el pago de trabajos supuestamente no realizados, cuando en realidad fueron prestados por otros choferes que no quedaron asentados en los partes, pero que sí declararon y reconocieron haber realizado y cobrado el trabajo.

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“Nos autorizaron a probar aspectos por fuera de los partes, pero luego no les asignaron ningún valor. Si todo se limita a lo que dice el documento, ¿para qué existe el juicio? Hubo testimonios de personas que operaron las máquinas y que demostraban que los trabajos se hicieron, pero no fueron tenidos en cuenta”, sostuvo.

El letrado insistió en que esa omisión impactó directamente en la determinación del perjuicio económico y en la calificación de fraude, ya que el tribunal “cerró el circuito probatorio” sin considerar evidencia que podía contradecir la acusación.

“No creo en presiones políticas sobre el Superior Tribunal”

Consultado sobre las versiones que circulan en ámbitos judiciales y políticos respecto de una posible influencia política en el fallo -por tratarse de exfuncionarios de una gestión justicialista-, Iglesias fue categórico: “No lo creo en absoluto. Si pensara eso, también tendría que pensar que las instancias anteriores fueron políticas. Cuando está en juego la libertad de una persona, todos deberían tener la seguridad de que una condena se dicta por razones legítimas y no por caprichos ni intereses externos”.

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Finalmente, el abogado sostuvo que confía en que el Superior Tribunal resolverá “con responsabilidad y solvencia”, aunque anticipó que la resolución podría demorar varios meses. “El tribunal tiene mucho trabajo por delante, pero me quedé con la sensación de que escucharon con atención y que van a decidir con criterio”, concluyó.

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