El presidente Javier Milei presentó oficialmente el proyecto de reforma del Código Penal que su Gobierno enviará al Congreso de la Nación. El anuncio se realizó este jueves en el Complejo Penitenciario de Ezeiza y contó con la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga. Y eso es lo que vinimos a hacer hoy”, afirmó Milei, que subrayó la necesidad de penas más severas y de juicios rápidos para que los condenados cumplan sus sentencias en prisión. Según el mandatario, el nuevo Código Penal “es un paso fundamental para que los argentinos de bien vuelvan a vivir en libertad”.
El jefe de Estado destacó que la inseguridad se convirtió en una de las principales demandas de la sociedad y remarcó que durante su gestión ya se tomaron medidas como la baja de homicidios, el combate al narcotráfico y la prohibición de piquetes. “Para que la gente esté de nuevo segura necesitamos cambiar el sistema porque años de garantismo ataron de manos a las fuerzas, jueces y fiscales, mientras se les dio vía libre a los delincuentes”, sostuvo.
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Milei llamó además a los legisladores a respaldar la iniciativa: “Que se implemente depende del Congreso. El país necesita diputados y senadores que estén del lado de las víctimas. Si aprobamos esta reforma, la seguridad va a cambiar en serio”.
X de Oficina del Presidente
Los puntos centrales del proyecto
El nuevo Código Penal propone un endurecimiento generalizado de penas, la supresión de beneficios para condenados y la implementación obligatoria del sistema acusatorio, que agilizara los procesos judiciales y otorgará al fiscal el rol de investigación y acusación, mientras que el juez actuará como árbitro.
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Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Homicidios: el simple pasa de 8-25 a 10-30 años; el agravado mantiene la perpetua, con nuevas circunstancias como víctimas menores, adultos mayores, funcionarios públicos o crímenes en lugares concurridos.
- Lesiones: las leves suben de 1 mes-1 año a 1-3 años; en conducción imprudente, de 1-3 a 2-6 años, y en la modalidad agravada, de 2-4 a 3-6 años.
- Delitos con armas: el abuso de armas sin heridos puede alcanzar 6 años; la agresión sin herida tendrá penas de 1 a 3 años.
- Omisión de auxilio: pasa de multa a 1-6 años, y en casos con víctimas menores de 13 o mayores de 65, de 2 a 8 años.
- Delitos contra el honor: injurias elevadas a 1-3 años de prisión, y agravadas de 2 a 6.
- Delitos sexuales y vinculados a menores: la pornografía infantil tendrá condenas de 3-9 años, con agravantes que elevan el mínimo a 4. La posesión para distribución podrá ser penada con 3-12 años.
- Privación ilegal de la libertad: se modifica de 6 meses-3 años a 1-4 años.
- Trata de personas: sube de 8 a 10 años en su forma simple, y de hasta 15 años en la agravada.
- Amenazas: hasta 8 años con armas o anonimato y hasta 10 si buscan forzar conductas.
- Delitos contra la propiedad: el hurto pasa de 1 mes-2 años a 1-3 años; el robo con fuerza sube a 3-8 años, y con violencia, hasta 10. Se tipifican nuevas figuras como el robo en la vía pública y los cometidos por “motochorros”. La estafa pasará de 1 mes-6 años a 1-8 años. La usurpación se endurece a 3-10 años y, en su modalidad agravada, hasta 12.
- Manifestaciones: las agresiones en protestas se castigarán con 2 a 5 años, y de 3 a 9 si son contra fuerzas de seguridad.
- Delitos contra la administración pública: falso testimonio, cohecho y corrupción tendrán aumentos en sus penas, con agravantes para funcionarios de alto rango.
X de Ministerio de Seguridad Nacional
Imputabilidad y sistema procesal
Uno de los puntos más controvertidos del texto es la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Según el Ejecutivo, los adolescentes “comprenden la criminalidad de sus actos” y la legislación actual los expone a ser captados por bandas delictivas.
Además, el proyecto plantea la aplicación obligatoria del sistema acusatorio, en reemplazo del modelo inquisitivo, con el fin de garantizar procesos más rápidos y transparentes. De este modo, los fiscales asumirán el rol central de investigar y acusar, mientras los jueces quedarán como árbitros imparciales.
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La iniciativa será girada al Congreso, donde el oficialismo buscará el respaldo de la oposición para aprobar una de las reformas estructurales más ambiciosas en materia penal de los últimos años.