El kirchnerismo junto a la oposición ampliada apuran en Diputados el tratamiento del proyecto que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del presidente, al tiempo que también busca avanzar con el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el escándalo de los audios sobre presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
En primer turno, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, que están a cargo del libertario Nicolás Mayorazgo y la macrista Silvia Lospennato, busca avanzar con la reforma de la ley de DNU, que tiene la media sanción del Senado y puede poner en jaque a la administración de Javier Milei.
Es que al estar en minoría en el Congreso y al haber perdido parte del apoyo de los dialoguistas, el Gobierno necesita meter mano en los DNU para avanzar con algunas medidas de gestión. Por eso, las fuerzas opositoras presionan para que la reforma tenga despacho de comisión el próximo 30 de septiembre y así dejarlo listo para tratarlo en el recinto en los primeros días de octubre.
En el comienzo del debate en comisión, Mónica Litza justificó la reforma de la ley de DNU impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner. En este sentido, planteó que lo que debía ser una excepción y control del presidencialismo se convirtió en la regla y sobre todo para el gobierno de La Libertad Avanza.
La diputada massista planteó que hay «una desproporcionalidad» entre la construcción de una ley para la que se necesita la expresión de las dos cámaras, mientras que el DNU se defiende con un tercio de una de las cámaras. Litza protestó porque el Gobierno viene usando los decretos para gobernar y los vetos para rechazar las iniciativas del Congreso.
El bloque de Unión por la Patria ratificó la decisión de aprobar la media sanción del Senado. El proyecto establece que para quedar aprobado un DNU tiene que tener el aval de ambas Cámaras, por mayoría absoluta de los presentes, y fija para eso un plazo de 90 días y de no ser aprobado queda sin efecto.
Con el rechazo de una una sola cámara también quedará sin efecto el DNU. Además, el Congreso tiene que tratarlo en período de receso y el texto sólo puede incluir una materia y no puede ser multitemático.
Para el oficialismo buscan limitar una facultad constitucional del Presidente
Durante el debate, la libertaria Patricia Vásquez salió a cruzar a la oposición y los acusó de actuar con hipocresía al expresar que les preocupa la constitucionalidad y el uso abusivo de los DNU. «Alberto Fernández firmó 178 Decretos de Necesidad y Urgencia y nadie le importó mucho por ni siquiera fueron tratados por la bicameral», protestó.
En este contexto, Vásquez acusó a la oposición de querer «limitar las facultades constitucionales e institucionales de un presidente electo, pero no le interesa la seguridad jurídica».
Por su parte, el radical Rodrigo De Loredo salió a cuestionar el momento elegido por el kirchnerismo para avanzar con la reforma y advirtió que la oposición aplica «una praxis que desestabiliza, que es inequitativa, arbitraria y que paradójicamente sirve a la oposición como chivo expiatorio y culpatorio de un gobierno que se tiene que hacer cargo de las cagadas que se manda».
Hubo momentos de tensión y cruce, cuando Silvia Lospennato cuestionó la constitucionalidad de la ley 26.122, impulsada por Cristina Kirchner, que fue sancionada en 2006. En este momento, la interrumpió Litza, quien al estilo de Sergio Massa le pidió que responda por si o por no si había votado el otorgamiento de facultades delegadas para Milei.
«No sería tan soberbia ni tan prepotente. Dimos delegaciones legislativas a todos los presidentes y el único que no la pidió fue el presidente Macri. Si algo no puede hacer un kirchnerista es corrernos con la Constitución», devolvió la diputada del PRO.