La jueza de garantías Laura Martini resolvió la apertura de una investigación contra Lara Vidal, integrante de la cooperativa de trabajo Obed Edom, imputada por el delito de utilización de documentación falsa.
La causa se inició a instancias de la Fiscalía de Rawson, que indaga la utilización de facturas y boletas apócrifas para justificar la compra de herramientas adquiridas mediante subsidios otorgados por la Subsecretaría de Trabajo.
La denuncia fue presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Diego Carmona, en representación de la Administración Pública Provincial, considerada damnificada por las maniobras investigadas. El plazo de investigación fijado es el legal de seis meses y, por el momento, no existen medidas coercitivas en contra de la imputada.
Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional
Vidal fue asistida en la audiencia por el abogado penalista Abdo Manyuik. La descripción de los hechos y las pruebas recolectadas hasta el momento estuvo a cargo de la funcionaria de fiscalía Analía Acuña, mientras que la investigación general será dirigida por la fiscal jefa de Rawson, Laura Castagno.
Según lo detallado en la acusación, durante el proceso de verificación de la documentación presentada por la cooperativa se detectaron errores e incongruencias en las facturas, además de números que no coincidían entre copias y originales. También se encontraron irregularidades en extractos del Banco del Chubut presentados como respaldo de las operaciones.
Las presuntas maniobras fraudulentas salieron a la luz en junio del año pasado, cuando la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal contra los responsables de la cooperativa Obed Edom, con domicilio en Trelew.
Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte
De acuerdo con esa presentación, las facturas emitidas por un corralón de materiales de la ciudad resultaron apócrifas y los extractos bancarios estaban adulterados, con el objetivo de justificar los subsidios entregados por la Subsecretaría de Trabajo para la compra de herramientas y elementos de albañilería.
Las irregularidades fueron inicialmente detectadas por el Tribunal de Cuentas, lo que derivó en la denuncia y posterior intervención del Ministerio Público Fiscal. Desde entonces, la Fiscalía de Rawson avanzó en la recolección de pruebas, incorporando pericias realizadas por profesionales del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.