El gobernador Ignacio “Nacho” Torres firmó un decreto mediante el cual se echó de la administración pública a la exministra de Familia y Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, condenada por corrupción en la causa judicial “Ñoquis Calientes”. A pesar de la sentencia en su contra, la exfuncionaria seguía siendo empleada pública.
«No solo es un acto de justicia, sino una deuda saldada con todos los chubutenses», señaló», afirmó el mandatario provincial, quien afirmó que la medida está en línea con la Ley de Ficha Limpia aprobada por la Legislatura.
El documento, que también lleva la firma del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, establece la expulsión “de conformidad con lo normado por el artículo 17 inciso g) del Convenio Colectivo de Salud —homologado por Resolución N° 164/2013 de la Secretaría de Trabajo— y por los artículos 51 incisos 1° y 2° de la Ley I N° 74”, a partir de lo concluido por el sumario administrativo ordenado mediante Resolución XXI N° 19/25-AGG.
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«Como dijimos desde el primer día de gobierno, no vamos a permitir que ningún condenado por corrupción sea parte del Estado», afirmó Torres.
El decreto firmado por el gobernador hace referencia a la condena de la ex funcionaria a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, por haber sido hallada autora de los delitos de defraudación a la Administración Pública y exacciones ilegales.
El texto subraya que “todo funcionario público debe tener idoneidad técnica y moral para el ejercicio de la función pública”, y que “los hechos acreditados en el expediente penal, sumados a la calidad de funcionaria que ostentaba y que aún posee como agente, dañan gravemente la imagen del Estado provincial y del sistema de salud pública en particular”.
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Los detalles de la causa «Ñoquis Calientes»
Cecilia Torres Otarola, quien se desempeñó como ministra de Familia y Desarrollo Social durante la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, fue condenada en el marco de la causa “Ñoquis Calientes”, que investigó y comprobó la contratación irregular de empleados para cumplir tareas por fuera de la administración provincial, percibiendo haberes del Estado. La Justicia determinó que estas maniobras constituyeron una defraudación contra el erario público.
La investigación puso la lupa sobre un mecanismo del que siempre se habla, pero que muy pocas veces llega a la Justicia: la contratación por parte del Estado de personas que no cumplen ninguna función y cobran sin trabajar. También reveló otra práctica que, según los testimonios recolectados en la investigación, parecía ser habitual: los “retornos” que deben pagar algunos empleados.
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Torres Otarola había tenido un paso por la Legislatura antes de ser desginada ministra.
Todas esas prácticas delictivas quedaron reflejadas en el fallo firmado por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri. En un escrito de 123 páginas, los magistrados analizan ocho hechos imputados a Torres Otarola en el período comprendido entre 2015 y 2020, cuando la denuncia en su contra provocó que dejara el cargo de ministra que había asumido un año antes, designada por Arcioni.
En el fallo condenatorio, los jueces consideraron que fueron probadas las dos acusaciones centrales contra Otarola: la contratación de personas que no cumplían las funciones para las que habían sido designadas y la exigencia de que algunos de sus empleados devolvieran parte de su sueldo.
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En junio, la Cámara Penal de Trelew le redujo la pena. De esta manera, deberá cumplir una pena de dos años y ocho meses de prisión en suspenso, no podrá ejercer cargos públicos y deberá afrontar las costas del proceso.