La Cámara Federal porteña destrabó la investigación sobre la ocupación del ex Instituto Perón por parte de un grupo comandado por el dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) Juan Grabois, al rechazar dos pedidos del ahora candidato a diputado nacional por Unión por la Patria.
Por un lado, el tribunal rechazó decretar la nulidad de la causa por usurpación, daño agravado y lesiones a policías y, por otro, confirmó la decisión del juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Rívolo de abrirle el teléfono celular para saber si la toma había sido organizada y si Grabois actuó como abogado.
El asesor del fallecido Papa Francisco fue detenido el 7 de junio pasado en flagrancia por la Policía Federal, en medio de escenas de tensión y forcejeo mientras el dirigente K se envolvía con la bandera argentina y gritaba: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.
La toma del instituto Perón, que se encuentra al lado de la Biblioteca Nacional, fue el primero de una serie de operaciones de los K antes y después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la causa Vialidad. Luego vieron los ataques al canal de noticias TN y a la casa del diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert.
La sala I del tribunal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazó en agosto dos apelaciones del dirigente K por la toma del Instituto Perón del 7 de junio pasado, informaron a Clarín fuentes judiciales.
Pero Grabois ahora apeló la decisión de ese tribunal a la Cámara de Casación y el juez Ramos, según fuentes judiciales, «no quiere ejecutar las medidas hasta que se expida esa instancia superior«, pese a que el fiscal quiere avanzar con las medidas de prueba antes de las elecciones del 26 de octubre.
“Sólo se trata de buscar en el celular mensajes relacionados con la toma. No con la actividad política del imputado”, aclaró una fuente consultada por Clarín.
La defensa de Grabois había pedido la nulidad de la causa y cuestionado la validez de la detención por 24 horas “por considerarlas violaciones expresas al principio republicano de gobierno, división de poderes del Estado, debido proceso legal, libertad ambulatoria de los ciudadanos, principio de inocencia e igualdad ante la ley”.
Además, había enfatizado el abogado de Grabois que “las órdenes judiciales impartidas se limitaban a garantizar el abandono pacífico del lugar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad habrían actuado sin motivo”, sino por política.
Sin embargo, en una primer resolución la Cámara Federal recordó que “las fuerzas de seguridad están excepcionalmente facultadas a disponer medidas de coerción sin orden judicial, siempre que el procedimiento encuentre respaldo en elementos que admitan luego el contralor jurisdiccional”.
En este caso, los policías “señalaron que, en el momento en que se cumplía la segunda orden del juzgado, Grabois arengó a los manifestantes a adoptar un comportamiento hostil que culminó en agresiones y lesiones sobre los efectivos policiales”.
En ese sentido, “la actitud violenta adoptada por Grabois al momento en que el personal policial le solicitó que abandonara el edificio ocupado fue la razón objetiva que justificó su detención previo a la autorización judicial pertinente, la que se recabó inmediatamente después”.
Según la Cámara, la Policía Federal actuó dentro del marco legal pero “Grabois desobedeciendo sendas órdenes judiciales, sembró las bases de su propia detención al fomentar la escalada de violencia en procura de resistir los intentos por desocupar el edificio”.
En cuanto al argumento de que Grabois se encontraba ejerciendo su función de abogado en el lugar, la Cámara dijo que “la cronología de los sucesos y la conducta demostrada por el imputado en su desarrollo excluye que haya sido ese el rol canalizado en el caso”.
“Más allá de si en otro ámbito desempeña esa función, lo cierto es que el proceder exhibido aquí no tuvo ese significado, sino que proyectó un obrar en pugna con las normas al incitar el incremento de un conflicto frente al personal policial que procuraba apaciguarlo”, resaltó el tribunal.
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Por otra parte, sobre el peritaje al celular, el tribunal sostuvo que los argumentos de la defensa “no resultan en sí mismos suficientes como para excluir de razonabilidad el peritaje de un teléfono celular secuestrado en el marco de una investigación iniciada a raíz de un posible hecho delictivo”.
No obstante, “una vez practicado el peritaje de rigor y extraída –exclusivamente– toda información que pudiera guardar relación con los hechos objeto de la causa, deberá hacerse entrega del dispositivo a su titular”, dispuso.
“Desde esa lógica, el juez Ramos deberá arbitrar todos los medios necesarios para el mantenimiento de los recaudos propios del tratamiento de evidencia digital y avanzar, con la mayor celeridad posible, en la producción de esas medidas, con el fin de garantizar la tutela adecuada de los derechos del imputado”, finalizó la Cámara Federal.
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