Muchas veces se habla de “sábana corta” dado que los recursos nunca alcanzan para todo lo que queremos gastar. Hoy, ante la aceptación general de que “No hay plata”, quedan “destapadas” la incoherencia, demagogia e hipocresía de parte de la política.
Los argentinos nos creímos el “verso” de que los gobiernos pueden gastar perseverantemente de más y no pasa nada. Sin embargo, si nosotros lo hacíamos en nuestra casa o negocio, quebrábamos. Raro, ¿no? Los Estados quiebran; pero los costos fueron la gran cantidad de crisis que pagaron con su bienestar y sufrimiento los argentinos. Esas debacles sobrevinieron cuando se acababa la capacidad de endeudamiento del gobierno y le dejaban de pagar lo que le prestaron argentinos y extranjeros. A cambio de esas acreencias, luego, les entregaban otros bonos que llegaron a implicar una quita de más de la mitad de lo que se les debía. Esto nos sucedió 9 veces. ¿Y nos extraña que muy pocos se animen a financiar al Estado?
Esto no fue límite para seguir gastando de más. ¿Cómo? Financiándose con el Banco Central argentino (BCRA) que, para ello, emitía más de lo que la gente quería; por lo que la moneda perdía valor, como cualquier cosa de la que se produzca más de lo que se demanda. A esto se le llama “impuesto inflacionario”, porque el Estado gasta más a costa de sacarnos poder adquisitivo de nuestros pesos, empobreciéndonos. Por supuesto, esto nos llevó a otras tantas crisis monetarias y cambiarias; además de a tres hiperinflaciones.
Por suerte, a esta altura de la decadencia sufrida, la mayoría de la gente ha entendido que el Estado tampoco puede gastar siempre de más. El problema es que ni los argentinos ni los extranjeros creen que perseveraremos en ser un país responsable y austero. Sería un milagro que lo creyeran sólo porque, durante un año y medio, esta gestión logró mantener las cuentas públicas en orden. Por eso, ceder a la “gastomanía” sería perder el esfuerzo hecho para recuperar la confianza. Es como el caso de un conocido alcohólico que logra dejar la bebida con un duro tratamiento. Un día lo ven a entrar a un bar para pedir un vaso de agua para tomar una pastilla y enseguida se sospechará que volvió a las andadas. Ahora, si miramos al Congreso y a muchos gobernadores, los que desconfían que la Argentina pueda llegar a ser un país fiscalmente responsable parecen tener algún punto a su favor.
Los legisladores aprobaron una serie de leyes que aumentan el gasto en un 2,4% del PBI anual. Afortunadamente el ejecutivo los vetó. Hoy la discusión se renueva y se espera que esto se repita hasta la conformación de una nueva legislatura. Algunos dicen que el gobierno podría usar parte del exceso de ingresos que se fijó tener y con ello enfrentar su costo para lo que queda de 2024, un 0,8% del PBI. El único problema es que el ahorro que pretende hacer el gobierno sobre el gasto corriente es para pagar los intereses y no seguir acumulando más deuda pública, que es lo que nos llevó a la decadencia. Esto no es relevante para dichos políticos, sino quedar como quiénes son sensibles a las necesidades del “pueblo” y sumar votos. O, como mínimo, obligar al gobierno a pagar el costo político de vetar esos absurdos legislativos, para que no se pierda el sacrificio que hicimos los argentinos para recuperar la senda de la normalidad.
Desde ya, ninguno de estos políticos (incluidos muchos gobernadores) se ocupó de pensar en cómo se logrará seguir evitando el endeudamiento neto el año que viene, cuando el costo sea de 2,4% del PBI. Tampoco tuvieron en cuenta que se reclama, incluso ellos en su infinita demagogia, seguir bajando la elevada presión tributaria, a la que ellos mismos colaboraron. Además, se suman muchos economistas y parte de la dirigencia pidiendo más recorte del gasto público, cosa que yo también querría. Sólo quiero recordarles, que ninguno de ellos (ni yo) creíamos factible hacer un recorte de esas erogaciones de más de 4,5% del PBI en 2024, como hizo esta gestión y continuará haciéndolo.
Quedó claro que una parte de la dirigencia quiere volver a la anormalidad en la que nos hicieron vivir durante décadas. Sin embargo, también están los que quieren un país normal, pero tienen reclamos contradictorios. Como los que reclaman bajar más rápido los impuestos, cuando lo que es factible es ir disminuyéndolo sin afectar la solvencia fiscal. Ya se anunció que, a futuro, el peso del gasto público sobre la producción será igual o menor al que tuvo en 2024. Como los ingresos tributarios tienden a aumentar más rápido que la economía cuando ésta crece, habrá recursos para bajar los gravámenes. De hecho, ya está sucediendo. Se eliminó el impuesto País, otros tributos y la mayoría de las retenciones, al tiempo que se bajan gradualmente las remanentes. No hay magia, sólo ir resolviendo los problemas en la medida que es humana e institucionalmente factible.
Además de bajas de impuestos, por ejemplo, también se piden aumentos de inversiones en infraestructura; lo cual sólo es posible recortando otros gastos que no son útiles para la sociedad. Cosa que este gobierno viene haciendo; pero podría ir más rápido si en el Congreso le hubieran dado más facultades para realizarlo. Entonces, mi consejo a los que quieren una más rápida baja de la presión tributaria y más erogaciones útiles a la sociedad, como la inversión pública, es: Piensen bien a quiénes eligen para que los represente en el Congreso. Que sea entre aquellos que se comprometan a controlar que las finanzas del Estado se manejen con la misma eficiencia y austeridad con la que lo hacemos con las de nuestra familia.
Economista y director de la Fundación Libertad y Progreso