SOCIEDAD
El fraude telefónico que avergüenza al país.
Una sofisticada criminal red, operando desde un call center en territorio dominicano , logró engañar a más de 400 adultos mayores en Estados Unidos , provocando pérdidas superiores a cinco millones de dólares .
El esquema, según la investigación conjunta de autoridades dominicanas y estadounidenses, consistía en llamar a las víctimas haciéndoles creer que un familiar cercano enfrentaba problemas legales urgentes.
Arrestos o accidentes, que requería el envío inmediato de dinero para supuestos gastos judiciales o fianzas. La presión emocional y el temor por la seguridad de sus seres queridos fueron las herramientas clave para concretar las estafas.
| La Derecha Diario
Las autoridades confirmaron que la estructura delictiva operaba con una logística profesional: guiones preestablecidos, manejo de bases de datos con información personal de las víctimas, y coordinación para recibir y mover el dinero a través de intermediarios.
Este nivel de organización plantea serias dudas sobre la capacidad de supervisión de las autoridades locales , ya que el centro de operaciones funcionaba abiertamente en el país.
Analistas de seguridad advierten que este caso expone un problema más profundo: la República Dominicana se está convirtiendo en un punto estratégico para fraudes internacionales , aprovechando vacíos legales, limitaciones tecnológicas en el rastreo de llamadas y la falta de cooperación interinstitucional efectiva.
El impacto no es solo económico. Este tipo de crímenes erosiona la imagen internacional del país, afecta la confianza en su marco regulatorio y puede derivar en presión diplomática de Estados Unidos , principal socio comercial y aliado político.
Si bien la Policía Nacional y el Ministerio Público han prometido llevar a todos los responsables ante la justicia, la experiencia en casos similares indica que muchas veces las redes logran recomponerse rápidamente, cambiando de ubicación o modalidad para seguir operando.
En un momento en que la economía dominicana busca proyectarse como destino seguro para la inversión y la tecnología, permitir que el territorio sirva de plataforma para fraudes transnacionales es un golpe directo a la credibilidad institucional ya la seguridad jurídica.
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