La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba presentó una propuesta de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo (24.557) con el foco puesto en reducir los costos laborales de las pequeñas y medianas empresas. El eje del planteo, realizado a través del Centro de Estudios para la Producción Metalúrgica, que cuenta con el apoyo técnico de la consultora Economic Trends es la modificación del artículo 3 de la normativa para permitir la constitución de esquemas consorciados de autoseguro, habilitando así a las pymes a una alternativa real a las actuales ART.
Actualmente, el régimen de autoseguro está prácticamente vedado a las empresas privadas, destaca el informe: sólo cinco empleadores están adheridos, de los cuales uno solo es una empresa privada. Esto se debe a los altos requisitos de solvencia y estructura que impone la reglamentación vigente, a través del Decreto 585/1996 y la Resolución 3528/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
“Las entidades empresarias pueden jugar un papel importante en la generación de alternativas de aseguramiento de riesgos de trabajo, para que las pequeñas y medianas empresas tengan más alternativas y el sistema tenga más competencia”, sostuvo Jésica Perlo, directora de MAP SA, y miembro de Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos.
Y añadió: “Una manera de hacerlo es incluyendo, en la Ley de Riesgos del Trabajo, una alternativa adicional. Actualmente, sólo es posible el autoseguro, con requisitos tan exigentes que sólo una empresa privada aparece en el listado público de auto asegurados, o la contratación de una ART. Proponemos incluir la alternativa de ‘autoseguro consorciado’ a través de entidades empresarias”.
Alícuotas de ART
El documento presentado por el sector metalúrgico advierte que “las alícuotas de ART son uno de los principales problemas que enfrentan las industrias” y propone que sean las entidades gremiales empresarias las que acrediten la solvencia económica y garanticen los servicios en nombre de sus pymes asociadas. El objetivo de fondo es aumentar la competencia y forzar una baja en las alícuotas, algo que hoy no ocurre por el carácter oligopólico del sistema.
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“A través de esta propuesta de reforma laboral, como la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo para que un comité técnico se encargue de definir un baremo de incapacidades que no pueda fijar rangos, para evitar luego litigiosidad, nos proponemos reducir costos del régimen de riesgos de trabajo. Para que estos menores costos se trasladen a los procesos productivos a través de menores alícuotas de ART, es necesario maximizar la competencia en ese mercado”, sostuvo Perlo.
La iniciativa toma como referencia los Fondos de Cese Laboral establecidos en el artículo 96 de la Ley 27.742 (Ley Bases), promoviendo una articulación operativa y financiera entre ambos instrumentos. Esto permitiría sinergias en las políticas de inversión y cobertura que redunden en beneficios para empresas y trabajadores.
Además, se busca aprovechar las condiciones cambiantes del mercado laboral y el contexto de reforma estructural para avanzar en instrumentos flexibles, que reduzcan la litigiosidad sin debilitar las coberturas. Tal como lo señala el documento, “una manera de garantizar que las reducciones de costos por menor litigiosidad se trasladen a las empresas es generar mayor competencia en el sistema”.
“No se trata de reducir requisitos porque, si el sistema no es sustentable, el riesgo vuelve a las empresas, sino de aumentar las opciones y generar mayor competencia en el mercado. Además, un aseguramiento de riesgos de trabajo a través de entidades empresarias podría estar más incentivada a, en lugar de pagar cualquier litigiosidad y trasladar costos a alícuotas, reducir litigiosidad para reducir alícuotas, en beneficio de las empresas”, precisó Perlo.
El régimen consorciado de autoseguro permitiría, por ejemplo, que un conjunto de pymes de un mismo sector o región acceda a un sistema mutualizado de cobertura, gestionado por su cámara empresaria, que centralice los recursos y responsabilidades ante el Estado y los trabajadores.
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Desde la Cámara confirmaron que la propuesta será presentada ante las autoridades del Ministerio de Capital Humano y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. “El actual diseño institucional impide que las pymes puedan aprovechar economías de escala para gestionar el riesgo laboral de forma más eficiente”, sostienen desde la entidad. El documento forma parte de una serie de trabajos técnicos que la entidad impulsa para mejorar la competitividad del entramado productivo, con el foco puesto en la reducción de la presión fiscal, simplificación normativa y acceso al crédito.
Propuestas de reforma
-Reformar el artículo 3 de la Ley 24.557 para incluir la posibilidad de que los empleadores opten por un autoseguro consorciado a través de sus entidades gremiales empresarias.
-Establecer que la entidad gremial empresaria sea la que deba acreditar la solvencia económico-financiera y garantizar los servicios previstos por la ley.
-Incorporar mecanismos reglamentarios similares a los de los Fondos de Cese Laboral (art. 96, Ley 27.742) para facilitar la constitución, funcionamiento y fiscalización de los consorcios.
-Permitir la conformación de un sistema mixto donde las pymes accedan a beneficios del autoseguro sin la carga individual de cumplir con exigencias inalcanzables.
-Favorecer la inversión sectorial de los recursos captados, generando mayor retorno para el sistema y nuevas herramientas para la prevención de riesgos y cuidado de la salud laboral.