De las 3.384 mujeres que denunciaron por violencia de género a sus parejas íntimas ante el Poder Judicial de Neuquén, en 2024, y recibieron medidas cautelares de protección, el 3,4% tenía entre 15 y 19 años. El dato revela que estos episodios aparecen en edades muy tempranas. “Nos llama la atención porque uno se imagina que son relaciones de noviazgos, por ejemplo, en que una adolescente pidió un botón antipánico, un rondín, una consigna”, afirmó Gabriela Bercovich, coordinadora de la Unidad de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales.
El último informe del Observatorio de las Mujeres y las Diversidades de la provincia, a diferencia de los anteriores, se centra en las situaciones judicializadas.
En el documento se analizan los rangos de edades y se destacan las denuncias de mujeres adolescentes en tres regiones: Vaca Muerta (que incluye localidades como Rincón de los Sauces, Añelo, Buta Ranquil), Alto Neuquén (el norte de la provincia) y del Pehuén (el centro).
“Lo que está en el sentido común es que las adolescencias tienen otras vivencias, mentes más abiertas, crecen en otro tipo de familias y la verdad es que se ven situaciones estructurales importantes. Lo vemos llamativo, grave. Esperábamos encontrar menos casos ahí”, agregó Bercovich, que tiene bajo su órbita el observatorio.
En los últimos años hubo dos femicidios en la provincia cuyas víctimas estaban en este grupo: Cielo López de 18 años, en Plottier, y Carina Barros, de 15 años, en Buta Ranquil. Ambos responsables, Alfredo Escobar y Maicol Tapia, son jóvenes que tenían 29 y 19 años cuando cometieron los crímenes.
POR QUE VACA MUERTA
Vaca Muerta incluso es la región con denuncias más altas en todas las franjas etarias. En el informe se ensaya una respuesta: “Esto podría estar relacionado con la masculinización del territorio generada por la explotación hidrocarburífera, lo que a su vez podría intensificar prácticas de dominación vinculadas a las desigualdades estructurales de género”.
En las adolescencias, además, hay una prevalencia de la violencia física y psicológica (43,24%) en comparación con las mujeres jóvenes (32,63%) y adultas (25,5%), en las cuales aparecen otros tipos como la violencia económica-patrimonial, frecuente en relaciones de convivencia.
Para Bercovich esto es “insumo para las áreas de prevención, que son parte del ministerio como es la subsecretaría de Mujeres y la secretaría de Género. Quizás haya que replantearse de qué manera podemos considerar esas alarmas en campañas o en talleres, o en acciones concretas”.
El 95,43% declaró haber vivido situaciones de violencia más de una vez, sin distinción de edad.
La “ruta crítica” es el recorrido institucional que hacen las mujeres cuando atraviesan situaciones de violencia de género. No es un camino lineal (hay avances y retrocesos) y las respuestas que encuentran pueden animarlas a seguir o representar una barrera sólida.
El observatorio registra el circuito de quienes deciden denunciar, por lo que la dupla más común de intervención es poder judicial-policía (44,98%).
El 3,04% de las que recibieron una medida cautelar tuvieron indicadores de riesgo asociados a formas extremas de violencia: amenazas de muerte con armas, privación de la libertad, agresión sexual y golpes durante el embarazo, por mencionar solo algunos.
Dentro de este universo están aquellas que desde el 2017, cuando comenzaron a publicarse los informes del observatorio, han atravesado al menos 10 intervenciones estatales. Esto no se traduce en que los casos por debajo de este número sean de bajo riesgo, ya que la mayoría de las mujeres estuvieron expuestas a situaciones crónicas: 50,5% manifestó haber atravesado agresiones por un período de entre uno y cinco años, y el 21,4% por seis años o más.
Aun así hay 13 casos de rutas críticas con estas pautas de alarma, con un promedio de 20 intervenciones, destacándose uno con 37. Esto incluye Poder Judicial y la dirección provincial de las violencias con aportes económicos o alojamiento. Una de ellas tuvo ocho ingresos a refugio entre 2018 y 2024.
“La acumulación de intervenciones institucionales no necesariamente implicó una mejora en las condiciones de seguridad o una resolución efectiva de las situaciones, lo que pone en evidencia la urgencia de revisar los mecanismos de abordaje, su articulación y capacidad de respuesta sostenida”, concluyó el informe.
Fuente: Río Negro