Una mujer residente en Villa Mercedes, San Luis, enfrenta una causa judicial y podría quedar detenida de forma preventiva luego de que el Gobierno provincial, por un error administrativo, le transfiriera más de 500 millones de pesos a su cuenta bancaria. Aunque el depósito fue accidental, el hecho de haber utilizado parte del dinero la convirtió en la principal sospechosa de una investigación por presunta defraudación.
Verónica Acosta esperaba recibir una transferencia de $8.000 correspondiente a una cuota alimentaria. Sin embargo, al revisar su cuenta, se encontró con un monto descomunal: más de 500 millones de pesos. Ante la sorpresa, utilizó una parte para realizar compras personales, refacciones en su hogar y ayudar a familiares, sin saber inicialmente el origen exacto del dinero.
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Entre las compras que realizó se encuentran alimentos, una heladera, un microondas, una freidora, cerámicos para el piso de su casa —que antes carecía de revestimiento— y una mochila para el inodoro.
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También adquirió dos televisores, uno de los cuales fue un regalo para su cuñada, y transfirió pequeñas sumas de dinero a algunos parientes. En una entrevista, aclaró: “Nunca compré sushi ni un auto, como han dicho algunos medios”.
DÓNDE SE ORIGINÓ EL ERROR DE LA TRANSFERENCIA
El millonario depósito fue producto de un error cometido por un contador del Gobierno de San Luis, quien transfirió el dinero de manera equivocada —510 millones según su declaración y 540 millones según fuentes judiciales—. Tras detectar el fallo, la administración provincial presentó una denuncia y la Justicia comenzó a intervenir rápidamente.
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Hasta el momento, no hay imputaciones en contra del responsable de la tranferencia mal hecha.
En total, la fiscalía menciona que hizo 66 transferencias, aunque la mujer explicó que fueron múltiples movimientos a los mismos destinatarios, con montos de alrededor de $500 mil, y que incluso envió $50 mil a una hermana en Formosa. Todas las operaciones fueron digitales y por lo tanto trazables.
Según la defensa, encabezada por el abogado Hernán Echevarría, Acosta nunca fue notificada oficialmente del error antes de que su cuenta fuera congelada. «Se enteró cuando su excuñada le mandó la noticia y, mientras la leía, la policía llegó a su casa», relataron.
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Acosta, quien no tiene antecedentes penales, fue detenida junto a cinco familiares, y en los allanamientos se secuestraron productos comprados, dinero en efectivo e incluso los celulares de sus hijos menores. Los seis enfrentan cargos por defraudación al Estado, retención indebida y uso indebido de tarjetas, y la jueza de Garantías les impuso una fianza de $30 millones a cada uno, con apenas tres días para reunirla, bajo amenaza de prisión preventiva.
En total, suman $180 millones. «Una medida absolutamente desproporcionada para personas sin recursos, sin antecedentes y con domicilio fijo«, argumentó Echevarría, quien apeló tanto los cargos como el monto de la caución.
Por su parte, desde la Fiscalía de Estado aseguran que hubo intentos de contacto previos. “La buena fe se demuestra con hechos”, respondió el abogado Flavio Ávila, representante del Gobierno.
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Mientras el Ejecutivo provincial afirma haber recuperado el 90% del dinero, la situación judicial de la familia continúa en suspenso. La Cámara de Apelaciones deberá definir si confirma o revoca las medidas. Acosta, en tanto, sigue reclamando justicia: «No sabíamos que era dinero del Gobierno. Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro».
El caso quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver si ratifica o revoca las medidas dispuestas por la jueza.
Con información de Perfil