La interna furiosa entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof transita una crisis rupturista, en la que ambas fracciones se acusan entre sí de romper la unidad. El exministro Sergio Massa reapareció para negar la ruptura. Pero por estas horas parece reinar la calma que antecede al huracán. Según trascendió, Cristina habría planteado esperar unos días antes de arremeter de vuelta en la legislatura bonaerense. El fantasma de ir en listas separadas sobrevuela la provincia de Buenos Aires y se proyecta sobre el peronismo nacional.
¿Por qué se pelean? El streamer y excandidato Pedro Rosemblat afirma que, detrás de la discusión por las fechas de las elecciones legislativas (desdoblamiento), hay una disputa por la conducción del peronismo. Pero no hay discusiones de programas políticos, ni debates sobre cómo enfrentar al gobierno de la extrema derecha. Otro de los suyos, el excandidato a presidente Juan Grabois (Patria Grande), expuso que se trata de una «fractura política dentro de Unión por Patria» y que «la discusión técnica, de un lado y del otro, es una engaña-pichanga: esto es un problema de poder«. ¿Quién maneja la lapicera? ¿Quién arma las listas? ¿Cuántos cargos para cada sector?
Por el momento, la única fuerza política que se mantiene unida, mientras es parte de cada una de las luchas de resistencia contra gobierno de Javier Milei, es el Frente de Izquierda Unidad. Las peleas de poder consumen a las grandes coaliciones políticas del régimen, incluidas las derechas y el radicalismo.
Para las elecciones de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires -que serán el 18 de mayo- el peronismo porteño logró cerrar una lista de Unión por la Patria. El armador político sigue siendo el albertista Juan Manuel Olmos y el primer candidato es Leandro Santoro, quien fue asesor presidencial y amigo personal de Alberto Fernández.
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Que encabece un hombre que acompañó y justificó las políticas más repudiadas del Frente de Todos, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o el retroceso en la estatización del oligopolio Vicentín, es otra muestra de que el peronismo no está discutiendo proyectos políticos. Sino cargos, cajas y poder.
El Frente de Izquierda Unidad -que no carece de debates políticos internos entre los partidos que lo componen- se mantiene unido desde su creación hace 14 años. Su práctica política es totalmente opuesta a la de los partidos y coaliciones tradicionales. El FIT-U está conformado por trabajadores, jóvenes, mujeres, diversidades y jubilados, que no aspiran a hacer carrera política por cargos, poder y dinero; sino que utilizan las bancas legislativas como una tribuna en defensa del pueblo trabajador y las mayorías populares. Hoy, tanto en las calles, como dentro de los parlamentos, se le plantan al gobierno de Javier Milei, al FMI y a los grandes grupos empresarios.
Nadie tiene la «lapicera» ni apunta el dedo para el armado de listas. Para mantener esta unidad al servicio de las luchas, la Izquierda se plantea acuerdos que no tienen nada que ver con los de la casta política tradicional. Cuando un legislador o legisladora asume una banca, la ocupa durante un tiempo y luego se hace un cambio o rotación y se deja el lugar a otro compañero o compañera. De esta manera, todos los partidos del Frente tienen la posibilidad de usar la tribuna parlamentaria de la Izquierda.
En las coaliciones políticas del régimen, suelen ser las especulaciones o los escándalos los que obligan a un recambio de bancas, sino directamente a una expulsión. Así ocurrió con el senador nacional Edgardo Kueider que fue reemplazado por Stefanía Cora de La Cámpora. Kueider está procesado por cruzar la frontera con más de 200 mil dólares, de manera ilegal. La sospecha de fondo es que el gobierno de Milei compró sus votos en la Ley de Bases (y otras). Ese fue el caso más grosero, de una serie de legisladores peronistas que acompañaron la política del Gobierno.
También la supuesta oposición de la UCR -partido que preside el senador Martín Lousteau– viene colaborando con el gobierno de la extrema derecha, muchas veces de manera «inexplicable». Hace poco, el senado Eduardi Vischi, terminó votando en contra de un proyecto que él mismo impulsó, para investigar al presidente Javier Milei y miembros de su gobierno por la cripto-estafa $LIBRA.
La Izquierda no transa. Es muy distinta. “En la Cámara de Diputados, Mónica Schlotthauer que dejó su banca por nuestro acuerdo de rotación interno, ahora volverá a su puesto como trabajadora del ferrocarril”, contó en una entrevista Luca Bonfante, joven candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda Unidad.
Es que la Izquierda asume sus bancas con el compromiso de estar siempre del lado del pueblo trabajador. Por eso, explicó Bonfante, «los diputados y diputadas de izquierda donan gran parte de su sueldo, generalmente a fondos de lucha. Ahora hay muchos trabajadores despedidos que están juntando plata para poder seguir sosteniendo la familia. Los legisladores y legisladoras se quedan solo el equivalente de lo que cobra un preceptor o una maestra con jornada completa”: poco menos de 1 millón de pesos. El resto lo donan, todos los meses.
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La crisis internas y rupturas en las coaliciones, son el signo actual de una política tradicional cada vez más alejada de las problemas de las mayorías, sobre las que recae todo el peso de la crisis económica y social. Y también de su distancia con las luchas que enfrentan al gobierno de Javier Milei y a los grupos económicos, como los jubilados y jubiladas, los trabajadores contra los despidos, o las mujeres y las diversidades contra el odio de género.
La Izquierda es parte. Desde cada lugar de trabajado, de estudio, desde los barrios, apuesta a la organización y coordinación desde abajo de todos los sectores en lucha. A la vez que plantea un programa político anticapitalista, en un país donde gobierno tras gobierno, crece la desigualdad y la precariedad de la vida, de la mano del Fondo Monetario Internacional.
La estrategia de la Izquierda no es la rosca por puestos de poder dentro de este régimen. Sino el despliegue de potentes fuerzas sociales, por abajo, que sean capaces de enfrentar a los poderosos.
Hoy despuntan luchas de resistencia, y las conducciones peronistas -en los sindicatos, en los movimientos y desde sus lugares de gobierno y puestos de poder- buscan dividirlas, aplacarlas y desviarlas hacia las urnas, con las mismas «estrategias electorales» que abrieron las puertas al gobierno de la extrema derecha.
Incluso el sector de Juan Grabois (Patria Grande), que se presenta como más «combativo» dentro de Unión por la Patria, ha sido criticado por los jubilados y jubiladas por no acompañarlos en las jornadas de lucha de los miércoles. El argumento del dirigente es que es por «economía de fuerza»; lo cierto es que pasa la mayor parte del tiempo haciendo campaña electoral y hablando de la rosca peronista.
Los legisladores y legisladoras de la izquierda acompañan cada lucha porque ahí está la fuerza que se necesita desarrollar para tirar abajo todo el plan de Javier Milei y el FMI. Y también para avanzar en una salida política distinta, que se plantee con determinación afectar los planes e intereses de los grandes grupos empresarios, nacionales y extranjeros, en beneficio de las mayorías. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.
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