Una serie de organizaciones políticas del campo nacional y popular de Chubut emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por la situación de emergencia en la localidad de Epuyén, tras el incendio forestal que la afectó hace casi tres meses. En el escrito, criticaron duramente al gobierno provincial y nacional por lo que consideraron una respuesta insuficiente y tardía ante la catástrofe.
El documento, firmado por Unidos y Organizados, Patria Grande Chubut, Argentina Humana, Por Trelew Partido Municipal, Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Partido Socialista Auténtico, Unidad Socialista y Nuevo Encuentro Puerto Madryn, advierte que más de 70 familias de Epuyén perdieron todas sus pertenencias, su fuente de trabajo y hasta sus recuerdos debido a un incendio que, según señalan, se agravó por el mal manejo histórico de los bosques y la precariedad de los servicios públicos.
“Hace casi 3 meses la localidad de Epuyén fue devastada por el peor incendio de interfase de su historia. A pesar de las innumerables advertencias y denuncias que sus vecinos vienen haciendo hace décadas, la gestión provincial sigue manteniendo pinares abandonados y sistemas eléctricos absolutamente deficitarios”, indicaron.
Asimismo, apuntaron contra el gobernador de Chubut por lo que consideraron “promesas desde el helicóptero”, haciendo alusión a su visita a la zona tras la catástrofe. También cuestionaron el anuncio del envío de $7000 millones por parte del gobierno nacional, señalando que gran parte de esos fondos no fueron destinados directamente a las víctimas, sino a cubrir otras prioridades del Ejecutivo provincial. En ese sentido, mencionaron que solo $20.000 fueron asignados a las familias damnificadas “y, aun así, ni siquiera fueron ejecutados”.
En lugar de una asistencia efectiva, afirmaron que el Gobernador centró su accionar en una estrategia de marketing político, “tapando baches de gestión y haciendo campaña electoral”. “Mientras tanto, a los damnificados les dieron migajas: $350.000 por cuatro meses para pagar alquileres, comida, ropa, herramientas, leña y hasta iniciar una nueva vida”, criticaron.
Las organizaciones también denunciaron que la ayuda no se canalizó mediante organismos sociales ni comunitarios, sino a través de una estructura burocrática “diseñada para favorecer la especulación y el negocio inmobiliario con tierras quemadas”.
En el comunicado se rechazó el modelo de desarrollo que, según afirmaron, privilegia “la timba, el circo, el litio, la minería y la represión” en lugar de fomentar una economía vinculada a los bosques nativos, la agricultura, la apicultura y el turismo de bajo impacto. “Nos oponemos a un modelo de ordenamiento territorial que desconoce el estado en que se encuentra la discusión programática en el Congreso. No vamos a permitir que la catástrofe se convierta en un negocio”, aseguraron.
Finalmente, destacaron que, ante la falta de respuestas del Estado, crece la solidaridad de los vecinos en toda la comarca. “Este pueblo no se rinde. La comunidad se organiza, denuncia y resiste”, concluyeron.