Ajuste en la ex AFIP: ya hubo 820 retiros voluntarios y hay vacantes en áreas estratégicas

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La motosierra y el plan de retiros voluntarios provocó un éxodo de empleados en la ex AFIP. Se trata de 821 bajas entre enero y febrero, incluyendo decenas de jefes y directores de áreas sensibles con más de 20 años de antiguedad, debido al programa implementado para reducir la plantilla del organismo, según un listado al que pudo acceder Clarín en forma exclusiva.

«Son cerca de 800 empleados», confirmaron en ARCA. Según cálculos oficiales, el organismo gastará US$ 115 millones en premios, mientras los gremios estiman que quedarían unas 650 vacantes. El listado se conoce en medio de protestas desde ayer en reclamo de un aumento salarial y luego de medidas a principios de marzo en rechazo al cierre de 100 agencias del interior y la eliminación de 695 cargos.

Las planillas revelan una sangría de cargos jerárquicos que suelen ser buscados por estudios y empresas privadas por su formación. Ese es el caso del director de Prevención de Lavado de Activos, Iván Gabriel Ochoa, un técnico que hizo carrera en la DGI en 1991, fue asesor legal en 1996 bajo la AFIP, y luego ascendió en la división de Lavado, donde se convirtió en jefe desde 2002.

También se retiró el director técnico de la parte legal de la Seguridad Social, Fernando Mario Cao, el jefe del departamento técnico jurídico del departamento de coordinación judicial, Fernando Sanchez Lorences, el jefe de la sección de fiscalización y operativa aduanera, Daniel Enrique Caorsi, y el jefe de departamento de Contencioso Administrativo, Marcelo Malagón.

Otro funcionario que fue de la partida es Horacio Curien, exsubdirector general de fiscalización de Ricardo Echegaray, el titular de AFIP en la gestión de Cristina Kirchner. Curien fue asesor de la presidencia de la Auditoría General de la Nación en 2016, asesor de la Cámara de Diputados hasta 2018 y ese año volvió a la AFIP como asesor mayor de la DGI hasta la actualidad.

El listado de retiros incluye al jefe de fiscalización, Héctor Abaca, el jefe de capacitación, Fernando Aparicio, la jefa de división en revisión y recursos, Inés Battan, la directora de juicios, Gabriela Femia, los funcionarios del área de fiscalización, Fernández de Ciesa y Gabriel Fernández Gambarruta, y los abogados Alejandro Jurin, Omar Loto y Alis Pini.

El Gobierno puso la mira en el organismo desde octubre, cuando anunció la disolución de AFIP y la creación de ARCA junto con más de 3.000 despidos. Luego, en diciembre, la titular, Florencia Misrahi fue desvinculada y reemplazada por Juan Pazo, hombre de estrecha confianza de Luis Caputo. Y en enero se oficializó una rebaja del 80% en los sueldos de los altos mandos.

Después de una primera tanda de jubilaciones en octubre, el organismo dispuso el Sistema de Retiro Anticipado con el objetivo de alcanzar 1.500 bajas. Entre los requisitos se exigía tener una edad igual o mayor a 58 años con una prestación mínima de 15 años, para poder cobrar el premio de 20 sueldos brutos, que reciben quienes se jubilan a la edad de reglamentaria de 65 años.

En cuanto a las vacantes, el Gobierno viene ocupando con delfines de su riñón algunas áreas clave. En octubre, Santiago Caputo trajo al director de Aduanas, José Andrés Velis, y al titular de la DGI, Andrés Vásquez. Y en diciembre, Pazo arrimó a Sergio Rufail en Fiscalización, un exfuncionario K que terminó en la AFIP de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, bajo la gestión de Mauricio Macri.

«El gobierno con su violencia y modales arrastró a los mejores y más capacitados hombres y mujeres de la ex AFIP a servir al sector privado a los grandes evasores, dejando ver que el ARCA, hoy sin recursos humanos debidamente calificados no podrá hacer frente a ninguna futura deuda a contraer con el FMI”, dijo el titular de la Unión del Personal Superior de la AFIP, Julio Estévez.

Según el último dato oficial, la planta del organismo es de 20.642 personas. La expectativa es que la plantilla se reduzca en 2.815 personas desde el inicio de la gestión hasta el 31 de marzo, por la efectivización de retiros voluntarios y «desvinculaciones», según el cálculo que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni el mes pasado durante una conferencia de prensa.

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