El secretario general de ATE, Guillermo Quiroga, habría desviado dineros de su gremio a las cuentas personales suyas y de su exesposa, Mirta Simone, quien fuera ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud durante el último tramo del gobierno de Mariano Arcioni.
Para esclarecer la situación, este lunes se abrió una causa judicial a cargo de la jueza de garantías, Eve Ponce. Lo hizo por pedido del fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.
En la causa, la exesposa de Quiroga figura como coautora del mismo delito.
Al momento de resolver la apertura de investigación contra Quiroga, la jueza rechazó los argumentos de la defensa, justificando el inicio del debido proceso y el aporte de las pruebas de las partes que pueden culminar en la absolución o culpabilidad.
Ponce avaló la legalidad de la denuncia realizada para la posterior dilucidación del caso durante el proceso.
La apertura de investigación tuvo un impase de casi un año hasta que se logró destrabar tras los intentos frustrados de Quiroga y su defensor para evitar el levantamiento del secreto bancario de las cuentas personales de los ahora imputados en el caso. El sindicalista es defendido por los abogados Oscar Romero y Laura Fernández.
Los fiscales Rodríguez y Analía Acuña hicieron conocer a Quiroga los hechos por los cuales se les inicia el proceso. Se trata del presunto desvío de fondos desde cuentas de ese gremio a las cuentas personales de ambos. La investigación también detalla los gastos personales realizados por miembros de la familia.
SEIS MESES PARA INVESTIGAR
La imputación es la de defraudación por administración fraudulenta en carácter de coautores. El plazo de investigación es de seis meses. Contra Simone, la investigación fue abierta el pasado viernes.
En la audiencia, el fiscal Rodríguez dio cuenta de detalles y pruebas reunidas en la investigación, pericias contables y movimiento de fondos entre bancos y gastos personales. Dijo que se mantiene su estado de sospecha e inocencia hasta que no se pruebe lo contrario.
Al momento de la réplica, el defensor Romero se opuso a que se le inicie el proceso penal contra Quiroga. Argumentó que los gremios tienen autonomía en cuanto a la administración de sus bienes, sin injerencia de mecanismos y controles públicos, citando postulados de la Organización Internacional del Trabajo y la ley que reglamenta las asociaciones sindicales.
En su argumentación, afirmó que las autoridades públicas -en este caso el Estado en su carácter de empleador- no puede inmiscuirse en la administración de los fondos de los gremios y que existen estamentos previos a quien recurrir, antes de la intervención judicial.
También cuestiono a los cuatro denunciantes del caso, todos miembros de la conducción de ATE. Afirmó que la denuncia obedece a conflictos internos entre la conducción gremial respecto a los movimientos de fondos.
Además, Romero relacionó el proceso contra Quiroga con una situación presente de conflicto social por cuestiones salariales.