El presidente Javier Milei tomó la decisión de disolver la Administración General de Puertos (AGP), la cual fue señalada como un foco de corrupción, curros y privilegios. Del mismo moodo, también se disuelve la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
En su lugar, se creará la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un organismo autárquico y técnico que tendrá una estructura mucho más simple, eficiente, transparente y menos costosa.
La ANPYN asumirá las funciones de tres organismos previamente existentes: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la AGP y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).
Con esta reorganización, se eliminan tareas duplicadas y se centralizan las funciones, buscando mejorar la eficiencia del sistema, eliminando la histórica corrupción.
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La motosierra profunda
Este cambio forma parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto público, conocida como «la motosierra profunda«. A diciembre de 2023, los tres organismos encargados de la gestión portuaria contaban con 1.420 empleados. La nueva Agencia contará con solo 300, lo que representa una reducción de casi el 80% del personal.
Esto se enmarca en un esfuerzo del Gobierno de Milei por reducir el gasto público y evitar duplicidades, lo que implica un menor costo para los contribuyentes. Cada puesto público innecesario implica una carga adicional sobre los trabajadores del sector privado.
El despilfarro de recursos públicos genera más impuestos y, por lo tanto, mayor presión sobre los trabajadores. Históricamente, esta situación se financiaba mediante emisión monetaria y la consecuente inflación, algo que ya no ocurre bajo la gestión libertaria.
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Reducir el gasto público es la base del esfuerzo del Gobierno de Milei para reducir la inflación, que, según explicó Milei en varias ocasiones, es el «peor impuesto» ya que afecta principalmente a los más pobres.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno libertario realizó un ajuste del gasto primario del 30%, ha dado de baja 35.936 contratos y, por primera vez, implementó una evaluación estandarizada para los empleados públicos.
Finalmente, el Gobierno informó que se realizará una reestructuración de los inmuebles y las infraestructuras utilizadas por los organismos anteriores.
Se eliminarán aquellos activos que resulten innecesarios, lo que permitirá reducir los costos de mantenimiento y optimizar el uso de los recursos públicos.
Esta medida tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la gestión y contribuir a una reducción significativa del gasto público, alineándose con la estrategia de austeridad implementada por el Gobierno.