El municipio abrirá un registro de inquilinos y conformará un fondo para actuar como garante en los contratos de alquiler permanente, si prospera un proyecto de ordenanza promovido por el bloque de Juntos Somos Río Negro.
En los últimos tres años el Concejo aprobó varias iniciativas que propusieron distintos tipos de intervención del Estado municipal en el mercado de alquileres, que enfrenta una aguda restricción derivada de la escasez de oferta y el vuelco de propiedades a la locación turística.
El bloque de concejales de JSRN -integrado por Natalia Almonacid, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli- quiere ampliar la participación del municipio con una ayuda concreta para que los inquilinos puedan resolver la constitución de garantías, una de las condiciones impuestas por los propietarios que suelen resultar casi insalvables a la hora de firmar un contrato.
El proyecto establece que el municipio garantizará el pago de los alquileres, ante eventuales atrasos, “y hasta un máximo de cuatro meses”, además de “facilitar programas e asesoría financiera para ayudar a los inquilinos y gestionar sus finanzas para evitar futuros incumplimientos”.
Prevé que el fondo para cubrir esos eventuales incumplimientos y reducir el riesgo de los locadores se conforme con “aportes municipales específicos” y otros de los propios inquilinos, en montos equivalentes a dos meses de alquiler “que se podrán integrar en hasta seis cuotas mensuales”. Es decir, en condiciones más favorables que las exigidas hoy por los dueños.
Un mercado complejo
Desde la salida de la pandemia de Covid-19, con la recuperación de la actividad turística y las modalidades de alojamiento desreguladas, miles de propiedades salieron de la oferta de alquiler permanente y pasaron al temporario, lo cual provocó un alza de los precios y numerosas familias pasaron a enfrentar graves dificultades para encontrar vivienda.
El municipio creó tiempo atrás un “observatorio de alquileres”, que también quedará encargado de realizar el “seguimiento” del programa de garantías, si resulta finalmente aprobado.
La propuesta hace eje en las demandas crecientes de las organizaciones de inquilinos para que el Estado oficie de mediador y aplique medidas que promuevan la oferta locativa. Señalan los concejales de JSRN que decidieron abocarse al tema porque “cada vez es menor el mercado de propiedades ofrecidas a los residentes, para uso permanente”, agravado por “una reducción de construcciones” con ese destino.
Observaron que muchos aspirantes a una vivienda de alquiler no logran cumplir los requisitos necesarios, que incluyen depósitos de garantía y avales “a menudo difíciles de satisfacer”. Por eso entienden necesario que el municipio ofrezca “una red de seguridad también para los arrendadores”, a fin de reducir la conflictividad y el riesgo de desalojos.
El proyecto prevé también “ofrecer eventualmente servicios de mediación” entre inquilinos y locadores. Señala que la idea es “contribuir a la dinamización del mercado inmobiliario” y facilitar el acceso equitativo a “una diversidad de inquilinos que son solventes y responsables, pero no pueden cumplir las condiciones”.
Si resulta aprobada la ordenanza los interesados en contar con el aval del municipio deberán inscribirse en un registro específico. Otros detalles de su puesta en práctica dependerán de una posterior reglamentación. El programa de garantías funcionará bajo control del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.