El caso de los migrantes que en septiembre de 2022 fueron enviados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en vuelos organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vuelve a colocar al político bajo acusaciones por posible engaño. En ese momento, los extranjeros, principalmente originarios de Venezuela, declararon que habían sido llevados desde Texas a la isla bajo promesas de trabajo que no fueron cumplidas.
En abril de este año, se dio a conocer que Allison Burroughs, una jueza federal de Boston dictaminó que los casi 50 migrantes que fueron transportados desde Texas a Martha’s Vineyard podían avanzar con una demanda contra la empresa Vertol que los trasladó a la isla. Sin embargo, Burroughs desestimó los reclamos contra DeSantis y otros funcionarios nombrados en la demanda debido a preocupaciones jurisdiccionales.
El tribunal consideró que los hechos del caso “tomados en conjunto, respaldan la inferencia de que Vertol y los otros acusados atacaron específicamente a los demandantes porque eran inmigrantes latinos”. Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights Boston, calificó el fallo de 77 páginas como una importante victoria en el caso de Martha’s Vineyard.
Hace unos días, Politico dio a conocer que un abogado que representa a los inmigrantes pidió a un tribunal de Massachusetts que retomara el caso, bajo el argumento de que el gobernador republicano, así como sus principales asesores actuales y anteriores, engañaron a los extranjeros como si se tratara de un truco publicitario. El grupo hizo ajustes para intentar vincular de forma más clara a la Administración DeSantis.
La demanda colectiva presentada contra el gobernador de Florida por Lawyers for Civil Rights Boston y Alianza Americas, en nombre de algunos de los migrantes afectados, afirma que a los extranjeros recogidos en Texas se les mintió sobre a dónde iban y se les dijo que tendrían vivienda y trabajo una vez que llegaran a su destino.
El medio también precisó que, en 2022, DeSantis presionó para obtener 12 millones de dólares de la Legislatura estatal para su programa de reubicación de migrantes y los registros muestran que varios de sus principales asesores estuvieron involucrados en la planificación de los vuelos a Martha’s Vineyard. Esta semana, se agregó correspondencia a la demanda para confirmar las acciones de los funcionarios.
La demanda actualizada sostiene que la evidencia confirma que el zar de seguridad pública de Florida, Lawrence Keefe, y James Uthmeier, el jefe de gabinete del gobernador, “hablaron por teléfono al menos cuatro veces en los diez días previos a los vuelos”, incluidas dos llamadas con el proveedor de los vuelos. También expone la correspondencia entre Perla Huerta, la presunta reclutadora de la administración de DeSantis, y los migrantes.
Los mensajes muestran a un migrante anónimo que se dio cuenta de que en Martha’s Vineyard no sabían que iban a llegar. “Eso que hiciste, no se hace”, le escribió a Huerta, según los documentos judiciales. “Aquí no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde alojarnos… No sabemos a dónde nos mandaron… Estamos aquí sin saber qué hacer”. En respuesta, la reclutadora le comentó: “Tiene que hacerse responsable de usted (…) Lamento mucho el caos que se generó cuando ustedes llegaron, pero créanme que hay quienes los atenderán muy bien y los ayudarán”.
Por su parte, Julia Friedland, subsecretaria de prensa de DeSantis, afirmó en un comunicado: “Como siempre hemos dicho, los vuelos se llevaron a cabo de manera legal y fueron autorizados por la Legislatura de Florida”.
LA NACION