Alberto Fernández se jactó, hacia el final de su gestión, de terminar con un logro: no tener ninguna causa de corrupción. Lo consideraba una distinción respecto de su predecesora, Cristina Kirchner. Sin embargo, hay una serie de contratos en el Estado que le pueden quitar ese galardón, ya que el Gobierno busca que llegue a la Justicia lo que ocurrió en el mundo de los seguros de un conjunto de entidades públicas, donde se manejaron comisiones millonarias. LA NACION tuvo acceso a múltiples documentos que prueban que las distintas áreas que respondían políticamente o directamente del Presidente, solicitaron durante los cuatro años de gestión que un amigo de Fernández sea puesto como intermediario de seguros que se contrataban con una empresa pública, Nación Seguros.
Se trata de Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria privada presidencial durante la gestión de Fernández, María Cantero, y con quien el entonces presidente mantenía una relación personal y comercial, que está plasmada en el préstamo que le concedió, por ejemplo, en 2023. Fernández es un gran conocedor del rubro asegurador. Dirigió la Superintendencia de Seguros durante el gobierno de Carlos Menem, trabajó en el Grupo Provincia en Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida.
Según documentos reservados, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa. El mecanismo implicaba que tenían que solicitarlo desde las propias áreas a Nación Seguros mediante carta firmada. Las comisiones iban hasta el 25%.
Para tomar dimensión del dinero que iba a las cuentas del amigo del entonces Presidente, fuentes conocedoras del acuerdo que se firmó aseguraron que, en el caso de la Gendarmería, podía arrojar hasta $900 millones por mes, algo así como $30 millones por día en concepto de un negocio cautivo, ya que el organismo estatal estaba obligado a contratar con Nación Seguros. La comisión, en ese entonces, se pactó en 15%, pero ante un intento de Nación Seguros de reducirla a 10% debido a las pérdidas que generaba la cuenta, Martínez Sosa “se llevó” el cliente a La Caja Seguros alegando que los aportes realizados para el seguro de los gendarmes eran voluntarios. En la empresa estatal argumentaron que eso violaba el decreto de Fernández que indicó que todas las áreas públicas debían contratar con Nación Seguros porque el tomador era la Gendarmería y no sus empleados.
El Ministerio de Seguridad y Gendarmería contrataron a Bachellier SA, una de las sociedades satélites de Martínez Sosa. La intermediación era solicitada por carta a Nación Seguros y fue firmada por el la subsecretaria de gestión administrativa, Ana Haydeé Flamarinque en el primer caso y el comandante general Andrés Severino en el segundo. Ambas se resolvieron entre septiembre y octubre de 2020. Los contratos de seguridad fueron en su mayoría a Martínez Sosa. El 20 de diciembre, Martín Siracusa, director administrativo de Patricia Bullrich, dio de baja a los productores y hubo una maniobra para que el Servicio Penitenciario Federal quede por fuera, por la “confusión” que generaba si respondía al Ministerio de Defensa o de Seguridad. Pidió una rectificatoria para que quede plasmado que el productor tampoco continuaría operando en esa cartera.
Otro caso es el de la Casa de la Moneda, que contrató directamente a la sociedad de Martínez Sosa. La solicitud fue firmada por el presidente de la entidad, Ángel Mario Elettore el 21 de marzo de 2023, luego de que previamente fuera dado de baja y solicitado que vuelva a levantarse el acuerdo. También pidió por su sociedad la Superintendencia de Servicios de Salud en marzo de 2022, lo que llevó firma del superintendente, Alejandro López.
Cuando la Cancillería la encabezaba Felipe Sola, quien respondía al presidente pero terminó enemistado con Fernández por su despido tras las PASO de 2021, se designó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a Emanuel Calvo, otro productor socio de Martínez Sosa.
El mismo mecanismo ocurrió en otras áreas con otro productor, Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa, en Anses y en áreas del ministerio de Economía. Pero hubo una dependencia estatal que nunca se vinculó con Nación Seguros, pese a que era obligatorio por decreto de Fernández (el 823, de diciembre de 2021, determinó que todas las dependencias debían asegurarse con Nación Seguros) y que, por pedido de Nación Seguros, la Sindicatura General de la Nación se expidió respecto de que tenía que cambiar su seguro al Nación. Se trata de Aysa, que era gestionada por Malena Galmarini, y que seguía contratando a Provincia Seguros.
Según múltiples fuentes consultadas por este medio, Cantero hizo llamados a distintas dependencias públicas para pedirles que designen como productor de seguros a su esposo. Algunos accedieron, mientras que otros dijeron que no. Según algunas fuentes, uno de los funcionarios que se negó fue Juan Zabaleta, quien fue ministro de Desarrollo Social. Personas allegadas a Zabaleta negaron que eso hubiera ocurrido.